El Partido Comunista de Venezuela (PCV), convertido en duro opositor del gobierno del presidente izquierdista Nicolás Maduro, fue intervenido este viernes por la justicia, que nombró a una nueva directiva en esta organización.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que cambia a los directivos del PCV es similar a veredictos que esa corte emitió en 2020 contra los principales partidos políticos de la oposición.
La Sala Constitucional del TSJ nombró una "junta directiva ad hoc" en el PCV para que "organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados", indica el fallo.
El dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, Henry Parra, fue designado presidente de la tolda.
El PCV fue aliado del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), pero rompió con Maduro cuando el actual mandatario empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana.
La organización política cuestiona igualmente la disolución de los salarios por la inflación y la depreciación de la moneda local, cuando el sueldo mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementado con diversos bonos estatales.
El secretario general de la directiva depuesta, Óscar Figuera, había calificado a quienes presentaron el recurso judicial de "grupo mercenario" y les acusó de "una maniobra antidemocrática".
En julio de 2020, el TSJ suspendió a la directiva de Voluntad Popular, el partido de los exiliados opositores Leopoldo López y Juan Guaidó.
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El tribunal puso al frente de esa organización al diputado José Gregorio Noriega, adversario de Guaidó, quien entonces era reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de medio centenar de gobiernos.
Y en junio de ese mismo año el máximo tribunal había tomado medidas similares contra otros dos de los mayores partidos opositores: Acción Democrática y Primero Justicia.
Guadó calificó en ese momento al TSJ de "brazo judicial" del gobierno de Maduro.
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