El ministro más cercano al presidente Gabriel Boric renunció el viernes a su cargo en Chile acosado por un inminente juicio político tras destaparse presunta corrupción en la entrega de fondos públicos a fundaciones privadas.
Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, antiguo dirigente estudiantil y uno de los mejores amigos del presidente, dejó el cargo luego de que la oposición de derecha anunciara la presentación de un segundo juicio político en su contra, por su responsabilidad en la llamado "Caso Convenios".
"Después de sostener una reunión con el presidente, he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable", dijo Jackson; líder de Revolución Democrática, la formación más importante del Frente Amplio, parte de la coalición de gobierno del presidente Boric.
"Chile está cansado de vernos pelear", dijo en un mensaje en el palacio presidencial
La oposición de derecha anunció durante la semana que presentaría otra acusación constitucional contra Jackson, por su responsabilidad en un esquema de traspaso de fondos directos a fundaciones sociales formadas por miembros de su partido político y de otras agrupaciones de gobierno.
Los partidos políticos opositores habían condicionado también a la presencia de Jackson en el gabinete el negociar varias reformar sociales, como un pacto fiscal o una reforma a las pensiones, lo que en la práctica mantenía semiparalizado al gobierno.
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Jackson y Boric forjaron juntos su carrera política cuando eran dirigentes estudiantiles. Desde allí saltaron al Congreso, ambos como diputados, y luego al gobierno, cuando el 11 de marzo de 2022 Gabriel Boric se convirtió en el mandatario más joven en asumir la presidencia de Chile, a los 36 años.
Jackson es considerado también el artífice de la irrupción de la izquierda radical en Chile.
El "Caso Convenios" surgió tras destaparse la asignación directa de fondos estatales por 530.000 dólares a la fundación Democracia Viva, dirigida por integrantes de Revolución Democrática y creada poco tiempo después del triunfo electoral de Boric.
El caso, al que luego han seguido otras denuncias, puso a prueba la promesa de Boric de gobernar con mayor probidad y transparencia un país que arrastra una profunda crisis de confianza en sus instituciones y dirigencia.
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