Congreso en cámara lenta

*Gobierno empantana agenda legislativa

*Sin consenso las reformas no avanzarán

La próxima semana se cumplirá el primer mes del arranque de la segunda legislatura. Aunque se preveía que el ritmo de trabajo en las comisiones y las plenarias iba a ser particularmente dinámico, dada la cantidad de proyectos de ley y acto legislativo en curso, así como las iniciativas a radicar tanto por el Gobierno como por los partidos, lo cierto es que hasta ahora la productividad del Senado y la Cámara no ha sido mayor.

Existen varias circunstancias que pueden explicar esa lentitud legislativa. De un lado, el país político ha estado distraído las últimas semanas en una serie de escándalos de graves dimensiones, especialmente el referido a las confesiones del exdiputado Nicolás Petro en torno al ingreso de dineros de origen ilícito a la campaña presidencial del hoy jefe de Estado. A ello se suman otros hechos como la recta final de inscripción de candidatos a los comicios de octubre, la intempestiva presentación de la terna para fiscal general o los altibajos en la implementación de la política de “paz total”, que esta semana, por ejemplo, tuvo un alto punto de crisis por cuenta de la revelación de un plan de la guerrilla del Eln para atentar contra el fiscal general, la congresista María Fernanda Cabal y el excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro.

A ello se suma que el Ejecutivo no tuvo mayor margen de acción en el receso del Congreso para tratar de recomponer su fracturada coalición parlamentaria, lo que determinó, en el inicio de este segundo periodo legislativo, no solo perder el pulso en la elección del presidente del Senado, sino que también registró reveses en la escogencia de las mesas directivas de varias comisiones en ambas corporaciones. Aunque se habló de otro reajuste del gabinete e incluso de un cambio de tono político en aras de recuperar gobernabilidad, nada de ello ocurrió.  

Es apenas claro, en ese orden de ideas, que la reiterada negativa de la Casa de Nariño a buscar consensos sobre los alcances de reformas como las de salud o pensiones, es otro elemento clave para explicar el parsimonioso ritmo en el Senado y la Cámara, visto que el nuevo mapa político de partidos gobiernistas, independientes y de oposición vislumbra un escenario poco favorable para las cuestionadas iniciativas del Ejecutivo.

Todo lo anterior explica por qué en las plenarias no arranca en forma la discusión de las reformas sanitaria ni la pensional. Asimismo, desde las toldas oficialistas llevan varias semanas alertando sobre la radicación, otra vez, del proyecto laboral que se hundió en junio, pero hasta el momento no ha aparecido. Igual ocurre con las iniciativas de “humanización carcelaria” y de sometimiento a la justicia de las bandas multicrimen, que también fracasaron en la primera legislatura. La reforma a la Ley de Víctimas no asoma tampoco al Parlamento.

A ello debe agregarse que no se han radicado iniciativas anunciadas por el presidente como prioritarias para este segundo semestre, como los ajustes al Código Minero, la ley de servicios públicos o la de reingeniería al sector educación. Solo en este último caso se conocen borradores de las propuestas. En cuanto a la reforma agraria, ya se aclaró que no se tramitará por vía legislativa, sino que se implementa de manera gubernativa y administrativa, con base en los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo e incluso del acuerdo de paz de 2016, que tiene rango constitucional.

Si bien las distintas bancadas radicaron una serie de iniciativas, lo cierto es que hasta el momento el proyecto de mayor calado parece ser uno de la Corte Suprema de Justicia para reformar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Incluso, si bien ya llegó la iniciativa sobre Presupuesto General de la Nación para el próximo año, distintos congresistas advirtieron que requerirá ajustes no solo como consecuencia de la baja ejecución gubernamental en la actual vigencia sino porque la drástica caída de las ganancias de Ecopetrol impactará los supuestos de ingresos que se tenían para 2024, obligando al Ejecutivo a apretarse el cinturón de forma más efectiva.

Como se ve, la lentitud de la agenda legislativa ya prende señales de alerta. Hemos insistido en estas páginas que urgen varios ajustes constitucionales y legales en distintos campos. Y también reiteramos que los mismos deben consensuarse entre la Casa de Nariño y las mayorías parlamentarias, que hoy son compuestas por las bancadas independientes y de oposición. Sin embargo, no se ve en el Ejecutivo el ánimo concreto de caminar en esa dirección. Mientras ello no ocurra, el Congreso seguirá en cámara lenta.