Bogotá: una policía municipal

*Al menos se ha abierto el debate

*Lo peor sería seguir igual

La propuesta de la alcaldesa Claudia López de avanzar en algún tipo de policía autónoma para Bogotá (y ciudades de más de dos millones de habitantes) habría sido muy útil de haberse presentado al principio de su mandato. No obstante, a estas alturas, cuando los legisladores están pendientes de las elecciones regionales más que de cualquier otra circunstancia, la idea muy seguramente va a sufrir el sueño de los mortales. Sin embargo, no deja de ser interesante haberla puesto sobre el tapete, al menos como iniciación de un debate que a todas luces resulta necesario. Porque Bogotá no puede seguir siendo la cenicienta del país en materia de seguridad. Y todavía peor dejar que la metrópoli sea esquilmada por el gobierno nacional luego de haber adelantado tan grandes esfuerzos para financiar sus ingentes requerimientos en un asunto tan sensible, como este que encarna el desarrollo del principio de autoridad, y que debería ser atendido con la misma urgencia que denota la exasperación ciudadana.

Desde luego, es un verdadero despropósito lo ocurrido con los mil quinientos policías que, antes de engrosar los contingentes citadinos, fueron dedicados, en su grandísima mayoría, a otros menesteres diferentes a las necesidades capitalinas, deshonrando la palabra, violando los compromisos y dando al traste con la confianza que los bogotanos deberían tener en las autoridades nacionales y su relación con la alcaldía. Es común, por desgracia, que esto ocurra con una ciudad que es altamente generosa con el fondeo del presupuesto nacional, el empleo para todos los colombianos, así como en tantos otros servicios y variables sustanciales en el devenir del país, donde sobresale con creces. En todo caso, parecería agravarse esa costumbre del maltrato reiterativo. Y por eso no está mal encontrar mecanismos, ajustados a la ley y a las posibilidades que brinda el Estatuto Orgánico, que le permitan a la urbe salir de ese pérfido embudo en el que siempre prepondera lo ancho para los demás y lo corto para el Distrito.

Como se sabe, desde hace muchas décadas ha hecho carrera la malhadada tesis, en el país, de que predomina un ánimo centralista para favorecer a Bogotá. Falso de toda falsedad. Basta revisar los indicadores presupuestales para constatar que la capital colabora de modo superlativo con las exigencias nacionales mientras que es muy poco el retorno financiero para cumplir con sus apremios. Por fortuna, el Distrito se ha distinguido, desde la emisión del Estatuto Orgánico y en desarrollo de las Constitución de 1991, por una hacienda pública bien manejada y en general a tono con el buen gobierno, aún a pesar de ciertas alcaldías de ingrata recordación. Y por eso no es descartable, para nada, la eventualidad de organizar una Policía para Bogotá, con unos recursos adecuados, una estrategia eficaz y una coordinación sistemática con la entidad nacional.

Si bien Bogotá no hace parte de las principales ciudades más violentas del país ni tampoco está en el registro de las 50 más peligrosas de América Latina, es evidente el deterioro de la seguridad ciudadana en sus diferentes aspectos. De una parte, porque no se cumple con el mínimo de policías (en los términos de la ONU) para una de las urbes más grandes del continente y, de otra, porque la estrategia está soportada en antiguas premisas, como las que se pusieron en marcha en la época de los CAI (modelo operacional que pudo servir para hace 40 años y hoy está desbordado) y cuyo complemento de los cuadrantes no ha sido del todo eficiente.

Por otro lado, la tendencia en el mundo es hacia la municipalización policial. En Colombia, sin embargo, se mantiene la antigua tarea de militarizar a la Policía y tener una mentalidad policial en funciones de las Fuerzas Armadas, con carácter nacional. En Bogotá, entre otras ciudades, en parte se resolvió este tema con la figura de la “asistencia militar” a la Policía, cuando esto sea necesario (como en los paros vandálicos de hace un par de años), premisa institucional que fue la que en realidad permitió recuperar el orden público, así como se reformó el Esmad, conservándolo de fuerza antidisturbios especial. En tanto, la Policía tiene que estar en las calles, patrullando, atendiendo las solicitudes de los ciudadanos y actuando como factor disuasivo contra la delincuencia.

Es claro, en una ciudad como Bogotá, que la Policía Nacional debe actuar contra los delitos de alto impacto. Pero no está mal concebida la idea de crear un cuerpo específico para los delitos de menor impacto y los atinentes a la convivencia ciudadana, como también acabar con esa Policía oficinista dedicada a labores administrativas, en un porcentaje abismal, en vez del amparo de los ciudadanos. Abierto el debate, hay voces a favor y en contra. En todo caso, es evidente que lo peor para la seguridad sería seguir igual.