Los “atentados (del Eln) contra la paz”: José Félix Lafaurie

El presidente de Fedegan e integrante de la delegación gubernamental en la mesa de negociación con el Eln, José Félix Lafaurie, advirtió que “las amenazas actuales, como las develadas contra el fiscal, el general Zapateiro y mi esposa, María Fernanda Cabal, son un riesgo latente para los amenazados y sus familias, pero son, sobre todo, atentados contra… la paz”.

El dirigente gremial, que a esta hora está en Caracas en una nueva sesión de la mesa, se pronunció en la columna que publica hoy en EL NUEVO SIGLO, en donde también recalca “(…) no resulta consecuente, en principio, que un grupo que negocia la paz, al mismo tiempo planee atentados orientados al exterminio de enemigos políticos y al amedrentamiento social”.

La siguiente es la columna de Lafaurie:

Atentados contra… la paz

Colombia siempre ha estado en “modo atentado” porque siempre ha estado en “modo violencia”: una suerte de castigo mitológico en su historia.

De los ochenta recuerdo las equis de cinta en las ventanas, para que los vidrios causaran menos heridos por las bombas, que explotaban a diario. 1989 fue el año del terror: el edificio del DAS, la bomba en un vuelo de Avianca, la de El Espectador -tres años antes había caído Guillermo Cano- y la de Vanguardia en Bucaramanga; el asesinato de Galán, los de Pizarro y Jaramillo al año siguiente; los de periodistas, jueces, obispos y hasta árbitros.

Es la “lógica del terror” que nunca cesa, diversa en sus formas (voladuras, planes pistola, masacres, atentados a políticos, reinsertados y líderes sociales; y hasta terrorismo vandálico disfrazado de “estallido social”), diversa también en sus perpetradores (disidencias y reincidencias de las Farc, el ELN, mafias y bandas urbanas), todos con un factor común:  en los ochenta era el narcotráfico y, hoy, cuarenta años después…, es el narcotráfico.

Las amenazas actuales, como las develadas contra el fiscal, el general Zapateiro y mi esposa, María Fernanda Cabal, son un riesgo latente para los amenazados y sus familias, pero son, sobre todo, atentados contra… la paz.

La paz, lo reitero, no se negocia ni se firma; las negociaciones señalan compromisos, pero la verdadera paz, a partir del silencio de las armas, es una construcción permanente y colectiva, bajo el imperio de la Ley como base de la convivencia y sustento del Estado de Derecho. La paz, así entendida, es lo que nos caracteriza como sociedad civilizada.

Por ello no resulta consecuente, en principio, que un grupo que negocia la paz, al mismo tiempo planee atentados orientados al exterminio de enemigos políticos y al amedrentamiento social.

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Desde fuentes oficiales se divulgó la presunta responsabilidad del Eln, sobre lo cual tengo mi propia percepción como miembro de la comisión gubernamental y ciudadano afectado en su entorno familiar.

Primero, “quiero creer” -ya lo dije el 3 de agosto- en el compromiso del Eln con el cese, y por eso prefiero descartar que la delegación del Eln o sus líderes tuvieran conocimiento, con lo que incurrirían en perfidia o “deslealtad o maldad extrema”, y en mi caso personal, en perfidia agravada, pues yo quedaría en la posición “surrealista” de negociar desprevenido con quienes quieren asesinar a ¡mi esposa!

Segundo. Si los líderes del Eln no tenían conocimiento, estaríamos ante una ausencia de control sobre las unidades armadas en los territorios y en Venezuela, lo cual es una amenaza latente de incumplimientos al cese por cuenta de frentes de guerra disidentes. Esa película ya la vivimos con el atentado a la Escuela General Santander.

Y una última hipótesis: que terceros malintencionados a quienes la paz no les conviene, para proteger sus rentas ilícitas intenten boicotear un proceso con vocación de locomotora del programa de paz del Gobierno.

En cualquier caso, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación se estrena con una prueba de fuego, pues deberá evaluar la situación con apoyo de las autoridades y emitir su pronunciamiento a través de la ONU.

En cuanto a mí concierne, esperar ese pronunciamiento es mi compromiso con la Mesa, de la cual hago parte de buena fe, sin renunciar a mis convicciones sobre la Ley y el Orden como garantías de libertad y sustento de la civilidad, convicciones que comparto con María Fernanda. Solo en ese contexto, y hasta donde la fe me alcance, “quiero seguir creyendo” en la validez de un proceso que conduzca a un Gran Acuerdo Nacional y a la paz de Colombia.