A INSTANCIAS internacionales, el fiscal general Francisco Barbosa elevó las denuncias de un presunto plan del Eln para asesinarlo.
Por lo mismo, radicó ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) una petición de medidas cautelares para proteger su integridad y la de su familia, ante las amenazas de atentado en su contra que dio a conocer la semana pasada.
La medida tiene como intención garantizar el derecho a la vida, dignidad, honra e integridad personal. Dicha solicitud también incluye garantías para seguir ejerciendo con “independencia y autonomía” las funciones de fiscal general hasta el 12 de febrero de 2024, cuando culmine su periodo al cargo.
Según reportes de diferentes medios de comunicación, Barbosa se presentó en las oficinas del CIDH con un grueso expediente, como soporte para las denuncias, donde figuró el plan que habrían fraguado el Eln desde Venezuela para asesinarlo.
Allí mismo habría notificado que luego de tres fuentes de validez le informaran del supuesto atentado y hacerse pública la denuncia, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, habría minimizado el hecho de que se estaba orquestando un plan contra su vida.
Adicionalmente, expuso los roces con otros funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo el presidente Gustavo Petro.
“Campañas de desprestigio en redes sociales en contra del fiscal general de la Nación por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad”, destacó.
Denuncia
Como ya se conoce, la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación hizo pública la denuncia sobre un atentado en contra de Barbosa que se estaba planeando desde Venezuela.
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El ente acusador señaló que desde tres fuentes tuvieron noticias del plan, entre ellas inteligencia militar que les confirmó que en un campamento del vecino país se había tomado la decisión de acabar con la vida de Barbosa. En la reunión celebrada en julio estuvieron cinco altos mandos de la guerrilla con la que el Gobierno de Colombia acaba de instalar el cuarto ciclo de negociaciones de paz.
Inteligencia, del mismo modo confirmó que el ataque estaría encabezado por un reconocido integrante de la organización criminal, conocido como ‘Rolo’. Además, informaron que la arremetida en contra del fiscal se llevaría a cabo con un francotirador.
Inmediatamente después, la guerrilla salió a desmentir dicha información, argumentando que lo que se está buscando es torpedear los procesos de paz que adelanta con el Gobierno.
“Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el Eln", manifestaron, a través de un comunicado, integrantes de dicha organización.
Otty Patiño, jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones de paz que iniciaron su cuarto ciclo en Venezuela este lunes, también se pronunció. "Es gravísimo porque también compromete a Venezuela en un momento cuando se están reanudando las relaciones con ese país", dijo en una entrevista a Blu Radio, donde detalló que dicha situación representa “un golpe duro al proceso de paz”.
Otro en responder a las denuncias del fiscal fue el canciller Álvaro Leyva. "Hay que averiguar muy a fondo porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los elenos", manifestó desde Brasil, donde acompañaba al presidente Gustavo Petro en una agenda de trabajo.
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