EN UN ENCUENTRO con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que existen 380 municipios en situación de alto riesgo y riesgo extremo, de cara a las elecciones regionales de octubre.
“Quiere ello decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos, especialmente en el suroccidente del país, pues es una amplia zona que genera preocupación por la presencia de distintas estructuras armadas ilegales”, manifestó, al considerar que el panorama a nivel nacional resulta poco alentador.
También dijo que, durante los próximos días, presentarán una alerta temprana de riesgos electorales. “Queremos mejorar la respuesta institucional a partir de las recomendaciones que formularemos en nuestro documento de advertencia. Nuestro propósito es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la fiesta democrática que se avecina”,
El funcionario, de igual manera, mencionó que la presencia de grupos armados al margen de la ley hace estrados en, por lo menos, 392 municipios de 24 departamentos. Por lo mismo, aseguró que las organizaciones responsables de generar zozobra en medio de un proceso de renovaciones de autoridades regionales y municipales son disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central (liderado por ‘Iván Mordisco’) y la Segunda Marquetalia, el Eln, ‘Clan del Golfo’.
En referencia al cese el fuego bilateral, destacó que lo más importante es que mientras dure la medida no resulte afectada la población civil, en medio de hechos de violencia que puedan poner en peligro el acuerdo firmado entre el Gobierno y elenos.
“Es imperativo que haya un cese inmediato de cualquier afectación a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en todo el territorio colombiano. Cuando hablamos de cese inmediato, estamos hablando de un proceso de descontaminación; es decir, que se evite la instalación de artefactos o de minas antipersonal sembradas en algunas regiones. Pero también le manifestamos otros hechos que generan preocupación”, destacó el defensor.
También puntualizó que existe la necesidad de que haya un cese definitivo a otras actividades ilícitas como las extorsiones, homicidios selectivos y reclutamiento de niños y adolescentes.
La población civil, al igual que sectores políticos, esperan la intervención del Gobierno nacional para evitar las amenazas de los grupos armados en algunas regiones, donde se han visto afectadas las candidaturas.
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La advertencia
Desde el departamento del Cauca, el registrador Alexander Vega hizo una contundente advertencia, a propósito de los riesgos por violencia de cara a las elecciones regionales de octubre.
“O salvamos entre todos, las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas. Se puede perder todo menos la democracia y las elecciones”, aseguró el funcionario, en torno a las denuncias sobre los peligros que implica para el proceso la presencia de grupos armados al margen de la ley.
Por lo mismo, exhortó a todos los entes encargados de llevar a cabo las elecciones a seguir trabajando para lograr que la contienda electoral se desarrolle con todas las garantías democráticas.
Además, informó que desde su oficina se realizará una analítica electoral, con la intención de evitar situaciones como la trashumancia, que tanto daño hacen a los comicios.
“Ese fenómeno no se va a permitir. Las inscripciones irregulares serán las primeras en ser anuladas. Se instalará biometría facial en las mesas instaladas en municipios declarados en riesgo electoral para evitar la suplantación, mejorar el proceso democrático y defender la pureza del voto. Finalmente, se instalará comunicación satelital para digitalizar las actas y transmitir en tiempo real los resultados, así pierden los grupos al margen de la ley que buscan constreñir a candidatos y electores”, manifestó.
Aprovechó de igual manera e hizo un llamado a la Guardia Indígena para que permita a las autoridades ejercer control sobre 51 cabildos, los cuales están localizados en zonas de alto riesgo. “La Guardia Indígena debe ser guardiana de la democracia junto con la fuerza pública”, manifestó el registrador Vega.
Hizo especial énfasis en que deben tomarse los correctivos a tiempo para evitar las viejas prácticas de 2002, “cuando se suspendían elecciones por orden público”.
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