Elecciones en peligro

*Seis campanazos sobre el clima de violencia

*Gobierno debe reaccionar contundentemente

Cada vez es más complicado el panorama de la campaña electoral con miras al 29 de octubre, cuando se escogerá a 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles. A escasos dos meses y medio para esa cita en las urnas la situación de seguridad y orden público en muchas regiones es muy difícil.

De hecho, en los últimos días se han dado seis campanazos al respecto. De un lado, organizaciones no gubernamentales de veeduría, como la Misión de Observación Electoral, advierten sobre el aumento de actos de violencia que afectan el accionar de los candidatos y su actividad proselitista. Se contabilizan ya, con corte a finales de julio, 91 agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales.

A su turno, la Federación Nacional de Departamentos urgió de nuevo al Ejecutivo adoptar mecanismos para frenar a las organizaciones criminales “que se han fortalecido en los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la Paz Total”. La vocera de los gobernadores señaló que “las poblaciones y carreteras del país se ven afectadas por violentos bloqueos y anarquía; se vulneran los derechos y libertades de las personas; los delincuentes intimidan, amenazan, y atacan a la población civil; y día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la Nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras?”.

No menos preocupante fue lo advertido por la Federación Nacional de Municipios. No solo alertó por los últimos ataques a mandatarios locales de Nariño y Cauca, sino que urgió al Gobierno proteger la vida de los burgomaestres y miembros de la Fuerza Pública que en las últimas semanas “han sido víctimas de ataques provenientes de distintas organizaciones al margen de la ley que solo buscan generar caos y aterrorizar a la población colombiana”.

Ya esta semana la procuradora general, Margarita Cabello, había solicitado a la Casa de Nariño escuchar “las súplicas de gobernadores que reclaman acciones para combatir la inseguridad y el recrudecimiento de la violencia que se han tomado a sus departamentos”. También reiteró sus cuestionamientos a la política de “paz total”, sobre la cual sostuvo que “si no está dando resultados se debe trabajar en conjunto para organizar un plan integral que genere tranquilidad y seguridad a los ciudadanos”.

Ayer el turno le correspondió a la Defensoría del Pueblo, cuyo titular se reunió con el presidente Petro para presentarle un diagnóstico muy drástico sobre el mapa de afectaciones a los derechos humanos de cara al certamen electoral de octubre. “Alrededor de 380 municipios se encuentran entre riesgo alto y riesgo extremo. Quiere ello decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos. Especialmente, en el suroccidente del país, pues es una amplia zona que genera preocupación por la presencia de distintas estructuras armadas ilegales”, indicó el vocero de esta otra dependencia del Ministerio Público, responsabilizando directamente a los grupos residuales de las Farc, el Eln y el ‘Clan del Golfo’, que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.

Como si lo anterior fuera poco, ayer el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, alertó que al menos en 90 poblaciones presentan algún grado de riesgo para los comicios de octubre, la mayoría en el Cauca, Catatumbo, Antioquia y el litoral Pacífico. "Entre todos debemos contener las amenazas al orden público. La última opción del Estado es trasladar puestos y mesas de votación. Hay que velar por la votación en esas regiones", precisó.

Como se ve, son muchas las voces e instancias que advierten sobre la grave situación de inseguridad y desorden público en no pocas regiones del país. Es evidente que la situación se le está saliendo de las manos al Gobierno y que el Ministerio de Defensa, aparte de enviar mensajes confusos a las tropas y las autoridades locales, no atina a implementar una estrategia que contenga la ofensiva de los grupos armados ilegales, las bandas criminales, mafias de distinta índole, así como la propia delincuencia común. A diario civiles e integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía mueren, resultan heridos o son víctimas de los facinerosos de la más distinta laya. Sicariato, extorsión, secuestros, hurtos y otros delitos están a la orden del día. Y ahora las propias elecciones se encuentran amenazadas por los violentos, evidenciando que la democracia y la institucionalidad están empezando a debilitarse sustancialmente en Colombia, sin que la Casa de Nariño reaccione de manera eficiente y contundente para proteger la vida, honra, bienes ‒y ahora el derecho a elegir y ser elegido‒ de la población. Urge corregir el rumbo.