SUPRIMIR la institucionalidad que creó la Constitución de 1991 es una medida extrema y poco deseable, considera el contralor General de la República (e), Carlos Mario Zuluaga, frente a la propuesta en que se ha insistido en los últimos años de eliminar las 67 contralorías regionales, porque serían ineficientes, y dejar solo la nacional.
Incluso algunos han propuesto cambiar la Contraloría General por un tribunal de cuentas, cosa que tampoco comparte Zuluaga.
El funcionario en diálogo con EL NUEVO SIGLO señaló que el problema de las contralorías regionales es la forma cómo se eligen los contralores, por las asambleas y en algunos casos los concejos.
Añadió Zuluaga que se debería perfeccionar las contralorías regionales y que, en articulación con la nacional, poder tener un solo sistema de control fiscal.
Zuluaga está como contralor general, en calidad de encargado, después de que en mayo pasado el Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez por fallas en el proceso que llevó a cabo el Congreso.
Al menos por tres meses más permanecerá en el cargo mientras que el Legislativo hace la elección de un nuevo contralor.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está la CGR al cumplir 100 años de ser creada?
CARLOS MARIO ZULUAGA: Está preparada para un nuevo centenario. La entidad afianzó el modelo anglosajón y, además, lo complementó con un control técnico en 1991 y preventivo desde el 2019. Nuestro plan estratégico institucional 2022-2026 asegura lo positivo de un legado centenario y alista a la entidad para dar respuesta a los retos de la Colombia del futuro.
ENS: ¿Ha funcionado el sistema de vigilancia preventiva y concomitante?, ¿qué otros ajustes requieren para ser más eficiente?
CMZ: Lleva 3 años y está funcionando bien, y para los próximos años estamos asegurando que la prevención sea parte esencial de la gerencia pública. Tenemos el privilegio de modernizarnos con el programa del BID, en búsqueda de mayor eficiencia del modelo preventivo. Aplicar tecnología y participación ciudadana para la eficiencia en las obras en la infraestructura es la prioridad.
Estoy liderando las visitas en todo el territorio nacional con los ajustes institucionales y normativos que se requieren para este semestre del año en la búsqueda de una mayor eficiencia del modelo preventivo para reactivar obras en todo el país.
ENS: Sigue el debate en torno a acabar con las contralorías regionales, ¿qué opina el Contralor General al respecto?
CMZ: Estoy en la misma línea del doctor Carlos Hernán Rodríguez desde que inició su periodo. La supresión de la institucionalidad que creó la Constitución de 1991 es una medida extrema y poco deseable.
El gran problema con las contralorías territoriales ha sido la forma de elección de los contralores, y esa es la génesis o el origen del problema. Es clave perfeccionar las contralorías territoriales y tener un solo sistema de control fiscal, debidamente articulado y con una política pública estatal de defensa de los recursos públicos, con unas acciones modernas de alta tecnología, integrales y muy eficientes.
ENS: ¿Sería útil pasar en Colombia de una Contraloría General a un tribunal de cuentas?
CMZ: Es una pregunta que no se puede contestar en términos absolutos, pero en principio no lo vemos necesario, puede ser costoso y generar una transición cultural compleja, teniendo en cuenta, además, que el sistema colombiano de origen anglosajón también tiene importantes elementos del sistema europeo, así el nuestro es un sistema muy razonable.
Creo que, si le damos cumplimiento a la Constitución política en el artículo 267, que fue reformada para un control jurisdiccional a los fallos en el término de un año, podemos cumplir ese propósito de una autoridad jurisdiccional que se pronuncie de manera eficiente, y a la vez mantener la esencia del modelo anglosajón, en donde entre otros aspectos también se contribuye a la política pública y la previsión.
ENS: ¿Qué reforma debe hacerse a la jurisdicción de cobro coactivo para hacer más eficiente el recaudo de las sanciones fiscales?
CMZ: Se necesita darle mayor identidad a los procesos ejecutivos que adelanta la Contraloría, las remisiones a otras normas ocasionan complejidades que restan efectividad a la recuperación de recursos.
La Contraloría General de la República es un organismo de control constitucional y puede tener facultades especiales para proteger el recurso público con medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos, desde que se tengan indicios de riesgos u operaciones sospechosas en casos de corrupción.
Sin excesos en una reforma, que el legislador nos dote de medidas más efectivas, reitero, en situaciones de corrupción o indolencia. Incluso que se acepte la reparación con obras y bienes en lo ejecutivo.
ENS: Con un presupuesto bianual de 32 billones de pesos, ¿qué hacer para frenar las anomalías que siguen presentando con el manejo de los recursos sen el Sistema Nacional de Regalías?
CMZ: A nivel territorial y nacional las instancias de planeación y de estructuración de los proyectos de regalías tienen una gran responsabilidad para evitar la pérdida de recursos. La definición de proyectos no puede ser decisiones propias de la politiquería, tienen que satisfacer las necesidades prioritarias de la ciudadanía y utilizar la participación para blindar los procesos contractuales, con veeduría y supervisión antes de los pagos.
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ENS: Suele decirse en Colombia que la corrupción mueve 50 billones de pesos al año, ¿qué tan cierta es esa cifra según la Contraloría?
CMZ: Esa cifra corresponde a unos indicadores que utiliza el Banco Mundial para medir este fenómeno según el producto interno de cada país. Si a ello le agregamos indicadores relacionados con la inequidad y la carencia de recursos para los colombianos, la cifra puede ser cercana.
ENS: ¿Cómo explicarle al país que hay más de 1.700 ‘elefantes blancos' y obras críticas e inconclusas por un costo superior a los 15 billones de pesos?
CMZ: Esa es la pregunta que la Contraloría General le viene haciendo a los alcaldes y gobernadores, y entidades nacionales que formularon mal los proyectos, desviaron recursos y que politizaron las obras públicas. Por eso en responsabilidad fiscal estamos siendo implacables.
En estos primeros 11 meses, la Contraloría General de la República ha logrado un recaudo en cobro coactivo de $ 422.483 millones, y hemos detectado hallazgos con incidencia fiscal por más de $ 73.897 millones.
ENS: ¿Cómo se está utilizando la tecnología de inteligencia artificial para mejorar el control y la vigilancia fiscal en Colombia?
CMZ: Actualmente, en la Contraloría General de la República, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) se creó con el fin de generar alertas de forma preventiva por medio del uso de las inteligencias artificiales. Allí la aplicación de las IA es toda y su uso a futuro será más común en la práctica del sistema de control fiscal, esa será una de las claves del futuro.
ENS: Un exalcalde de Bogotá dice que en Colombia persiste la cultura del atajo, sobre todo en lo público, ¿qué opina de esa apreciación?
CMZ: Claro, atajos y mucho más. Procesos contractuales sastres realizados a la medida, carteles y, en general, una falta de cultura de cumplimiento de la ley, así como una evidente necesidad por fortalecer valores éticos y educativos.
ENS: ¿Cómo acabar con el pensamiento de muchos funcionarios de que lo público no tiene dueño y puede ser botín de cualquiera?
CMZ: Tenemos que seleccionar funcionarios con mérito que ingresen por concurso a la carrera administrativa y que nos aseguren el más alto estándar a sus competencias. Por eso, lo más importante para todas las entidades públicas es el talento humano cualificado y comprometido con las finalidades de un Estado social de derecho.
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