La semana pasada escribí sobre las sucesivas violaciones de la ley que observé en el proceso en el Senado contra el magistrado Pretelt. También expresé mi profundo compromiso con las formas procesales que pretenden garantizar la imparcialidad y la predictibilidad de los procesos; son la oportunidad de apartar las preferencias individuales a favor de la siempre difícil imparcialidad. Me esfuerzo para que mis propios prejuicios no condicionen mi manera de proceder, más aún cuando se trata de juicios sobre las personas.
Estamos ahora viendo la persecución del Gobierno de Santos a Andrés Felipe Arias. Los medios crucificaron a los uribistas, la ciudadanía se convenció de que eran culpables de los delitos que les endilgaban, a tal extremo, que cuando se les cuenta que en realidad esos delitos no existieron, quedan sorprendidos.
A Arias lo acusaron de haberse robado la plata; no se robó ni un solo peso, así lo reconocen las sentencias. Lo acusaron de haber recibido donaciones a su campaña presidencial de beneficiarios del programa, esto tampoco hace parte de su condena. Por último, sostienen algunos, que su delito fue dar subsidios a los ricos. Ricos fueron una pequeña fracción de los beneficiarios, y aunque hubieran sido más, tampoco aquello es un delito. Firmados los TLC, en especial el de EE.UU. era –y sigue siendo- muy importante mejorar la productividad del sector agropecuario de todos los tamaños. Ser un agricultor grande no es un pecado, y que el Estado lo apoye tampoco es un delito. Hace parte de las posibilidades del manejo de la economía estimular los sectores productivos aunque sean ricos, pues aquello genera empleo, y los aumentos de productividad y las nuevas inversiones garantizan que puedan cobrearse mejores impuestos en el futuro.
Arias fue condenado injustamente, si tuviera una segunda instancia -como es su derecho- seguramente sería absuelto. Arias fue juzgado por una Corte Suprema que se había declarado en guerra contra el Presidente Uribe y veía en sus decisiones contra los uribistas como un acto de legítima defensa. Aquello se mezcló con el duro proceso de confrontación con Santos. Arias era el candidato de Uribe, y era por tanto el primer obstáculo de Santos para llegar a la Presidencia.
¿Será casualidad que los contrincantes de Santos, cuando son fuertes, terminen en la cárcel o cerca de ella? Luis Alfredo Ramos fue detenido a las dos semanas de haber anunciado su intención de ser candidato del Centro Democrático para competirle a Santos su reelección. Lleva ya tres años sin solución a su caso. En la recta final de la campaña presidencial Oscar Iván Zuluaga fue hostigado por la Fiscalía y empieza a develase cómo desde la Dirección Nacional de Inteligencia se movían las cuerdas de este terrible complot, que fue definitivo para lograr la victoria del impopular mandatario.
La lista de injusticias es mucho más larga, y debemos continuar dándola a conocer. Colombia requiere justicia, que es un ingrediente principal para consolidar la convivencia pacífica. Justicia para criminales, justicia para los inocentes. Esto requiere compromiso ciudadano con la justicia; para juzgar debemos deponer la posición y conveniencia política, y ajustarnos al tenor de las normas y al rigor de los hechos probados.
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios