A TRAVÉS de una carta enviada por el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, a los ministros Ricardo Bonilla y William Camargo, de Hacienda y Transporte, respectivamente; la asociación gremial propuso un plan de choque para reactivar la economía.
“Respetados ministros: la inversión en infraestructura se erige en una condición necesaria para garantizar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico. El rol del sector como motor dinamizador de la economía es fundamental dada su condición contracíclica. En tal virtud, sometemos a la consideración de ustedes las siguientes propuestas y reflexiones, que bien pueden contribuir al propósito que anima el Gobierno, en el sentido de reactivar la economía”, inicia la misiva.
La primera propuesta hace referencia al presupuesto básico de la seguridad jurídica.
“Sea lo primero, compartir el imperativo de reavivar la confianza y el apoyo de inversionistas y financiadores en el modelo de concesiones viales. Para ello, se requiere de la pronta actualización de las tarifas de peaje y la cancelación del compromiso soberano por descalce de vigencias futuras a tales concesiones. Sabemos que comparten ustedes la apreciación de que la seguridad jurídica es presupuesto básico para la reanimación de la infraestructura de transporte”, señaló la CMI.
La asociación continuó con la propuesta de solventar la problemática de proyectos contratados que presentan dificultades.
“Si bien es cierto que, a la fecha, el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) registra un avance promedio de 74,4%, se deben priorizar las soluciones para aquellos proyectos que hoy, por decisiones pendientes en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no han logrado su cierre financiero o la ejecución de obras no marcha según los cronogramas previstos. Entre ellos, por tan solo citar algunos ejemplos, se encuentran las concesiones Santana-Mocoa-Neiva, Mulaló-Loboguerrero, Bucaramanga-Pamplona, la iniciativa privada Girardot-Ibagué-Cajamarca y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca”, expusieron.
Continúan diciendo que “de otra parte, resulta fundamental garantizar los cronogramas de obra contractuales en los proyectos adjudicados de la quinta generación de concesiones (5G): Malla Vial del Valle-Accesos de Cali y Palmira, IP ALO Sur, Accesos Norte de Bogotá Fase II, Puerto Salgar-Barrancabermeja, Barrancabermeja-San Roque, Buga-Buenaventura, Canal del Dique y Ruta Caribe II”.
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Confianza a las pequeñas y medianas empresas
Otro de los puntos de la hoja de ruta propuesta por la CCI se enfoca en garantizar la asignación presupuestal necesaria para la ejecución de los proyectos a cargo del Invías, destacando que entre 2023 y 2030 se invertirán cerca de $ 43 billones en programas de obra pública como ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, ‘Colombia avanza’ y ‘Legalidad y reactivación 2.0’, entre otros.
“Vale la pena destacar el potencial económico y social que generan las pequeñas y medianas empresas de ingeniería: generación de empleo, reducción de la informalidad y estímulo al crecimiento económico”, especificó.
También resaltó que, según el DANE, el 90% del sector productivo colombiano está conformado por pymes ubicadas en su gran mayoría en ciudades y municipios distintos a Bogotá, generan cerca del 40% PIB nacional y concentran más del 80% de la fuerza laboral en el país.
“Las pymes especializadas en ingeniería en las regiones, están prestas a asociar esfuerzos con las juntas comunales, para construir y mejorar las vías terciarias a lo largo y ancho del territorio nacional”, agregó la CCI.
El quinto punto propuesto por el gremio corresponde a que se garanticen mayores niveles de conectividad en el corto y mediano plazo a través de una “coordinación estrecha” entre el Gobierno nacional y local con el fin de apalancar proyectos estratégicos en los cuales convergen las diversas fuentes de recursos.
Indicó que ‒a corte a julio de 2023, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público‒ el sector transporte ha pagado el 28,5% ($ 4,2 billones) de su apropiación vigente ($ 14,8 billones): “De lo anterior es posible inferir que, de confluir la efectiva y eficiente asignación y apropiación de los recursos en mención con la definición de proyectos estratégicos, se lograrían consolidar importantes avances e impactos positivos en materia de bienestar social en las regiones”.
Puso de presente que, salvo Bogotá, las ciudades capitales no evidencian inversiones notables en infraestructura de transporte.
“Se requiere de un mecanismo eficaz de coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, a fin de apalancar la financiación de proyectos estratégicos en los cuales convergen las distintas fuentes de recursos”, dijo.
Además, la CCI indicó que es “imperativo” que se revise la efectividad del Sistema General de Regalías, teniendo en cuenta que “no se compadece con la escasez de recursos, el hecho de que a la fecha aún cuenta dicho sistema con más de $ 16 billones sin asignar”.
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