Alerta roja electoral

*399 municipios con “riesgo extremo y alto”

*Urge respuesta eficaz y rápida del Gobierno

A dos meses y cinco días para la cita en las urnas en que se escogerán a los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales las alarmas en torno al clima de violencia e inseguridad que está marcando la contienda proselitista siguen encendiéndose, cada vez con mayor intensidad.

Gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo, así como partidos políticos y candidatos, al igual que organizaciones no gubernamentales de monitoreo de la campaña han reiterado en los últimos meses que los grupos armados ilegales y otras facciones de delincuencia organizada y común vienen aumentando amenazas, hostigamientos, presiones a la ciudadanía y otro tipo de acciones para interferir en la actividad de los aspirantes.

Lamentablemente, los mandatarios seccionales y locales sostienen que el Gobierno no ha procedido con la diligencia debida para hacer frente a esta complicada situación y, por el contrario, la semana pasada el ministro del Interior respondió de manera destemplada a los gobernadores que volvieron a advertir sobre el deterioro progresivo de la seguridad y el orden público.

Como lo indicamos en estas páginas, este no es un tema que deba caer en el caldero de la polarización política ni terminar imbuido en el debate permanente alrededor de la política de paz de este Gobierno. De hecho, ante los nuevos campanazos de las federaciones nacionales de Departamentos y Municipios, se urgió la convocatoria extraordinaria del Comité de Garantías Electorales. Finalmente sesionó, el jueves pasado, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.

Entretanto, el panorama en las regiones se continúa complicando, como lo evidencia la Alerta Temprana Electoral que emitió ayer la Defensoría del Pueblo, según la cual 399 municipios se encuentran en riesgo extremo y alto de hechos de violencia alrededor de la puja proselitista.

El citado mapa recalca que las zonas en donde existe mayor peligro de conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades abarcan 113 municipios en 16 departamentos, empezando por Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia y Caquetá. Luego se ubican Arauca, Huila, Meta, Cesar, Putumayo, Valle del Cauca, Casanare, Guaviare y Santander.

Lo más preocupante es que, en esas poblaciones con “riesgo extremo” figuran capitales como Arauca, Florencia, Quibdó, Neiva, Cúcuta e incluso las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz, en Bogotá. No es, entonces, una problemática estrictamente rural o de poblados alejados. A ello habría que sumar que la Defensoría también identificó 286 municipios en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo. Es decir, adicionando los 113 de riesgo extremo, esta alerta cobija a 676 municipios, un 39% más que en los comicios regionales de 2019.

Paradójicamente, mientras ayer en un debate en la Cámara de Representantes el ministro de Defensa indicó que “no es verdad que estemos enfrentando la peor crisis de inseguridad”, el campanazo de la Defensoría advierte del aumento del accionar de ‘Clan del Golfo’, el Eln, disidencias de las Farc y otros grupos del crimen organizado, sobre los cuales incluso señala que se han expandido 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal. Ese nivel de expansión es claramente crítico, no solo por el peligro para la ciudadanía y la propia Fuerza Pública, sino porque pone en duda la capacidad del Estado para imponer su legitimidad y primacía institucional en todo el territorio.

Cuesta entender que pese a tantos campanazos el Gobierno no actúe con más diligencia y decisión. Hay aquí un claro desafío criminal a las autoridades y a la democracia misma, en la medida en que delincuentes de distinta laya tratan de afectar uno de los derechos más fundamentales, el de elegir y ser elegido. El país no se puede volver a aquellas épocas infaustas en las que los candidatos eran asesinados y sus partidos ‘vetados’, o unos y otros solo podían hacer campaña si se aliaban o plegaban a las condiciones y exigencias de los alzados en armas, mafias y redes de corrupción.

Es imperativo que la Casa de Nariño, las Fuerzas Militares y de Policía, la organización electoral y demás autoridades activen un plan de respuesta más eficaz ante los riesgos que corre la campaña y la misma cita en las urnas. No hacerlo, pone en peligro la legitimidad de la democracia colombiana, eso es innegable.