UN DECRETO para “atentar contra la propiedad privada” tiene listo el Gobierno, pese a que el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que habla de expropiación exprés está demandado ante la Corte Suprema.
Así lo dio a conocer la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien explicó que el mencionado decreto establece que el Ministerio de Ambiente identificará los predios por sobre las dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF), por lo que creará una baso datos, priorizando predios para compra.
“Si el colombiano no quiere vender su predio, se procederá a la expropiación de las partes del terreno que el Gobierno considere no estén siendo explotadas. El Gobierno decidirá a dedo qué se considerará como explotación. El Gobierno también decidirá desde Bogotá cómo, dónde y qué alimentos deberán explotarse en varias áreas del país. Un modelo estatal de planificación central”, manifestó la senadora uribista.
La congresista agregó que “si el propietario está explotando la tierra pero no cumple normas de protección agrícola o lo hace en ‘áreas de producción de alimentos’ declaradas por el Ministerio de Agricultura, también le podrá ser expropiado el terreno”.
Esta denuncia de Valencia está relacionada con un borrador de decreto que tiene listo el Ministerio de Agricultura, en el que permitirá hacer más ágiles los procedimientos agrarios.
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“En este decreto se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la ANT, con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de gobierno que quedan”, afirmó recientemente la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica.
Aclaró que “no se trata de facultades expropiatorias, no es la expropiación exprés, son facultades administrativas de la ANT en torno a la finalidad trazada constitucionalmente de hacer que la propiedad cumpla una función social y ecológica”.
Dicho borrador fue analizado y cuestionado por el Instituto de Ciencias Políticas (ICP). “Bajo el argumento de dar cumplimiento a las metas determinadas en el capítulo I del Acuerdo Final ‘Reforma Rural Integral – RRI’, el Gobierno estaría yendo en contravía del derecho a la propiedad y el debido proceso, afectando la iniciativa privada y el libre ejercicio de la actividad económica”.
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