LOS GRUPOS armados al margen de la ley que están en acercamientos con el Gobierno deben dar muestras de paz. Así lo advirtió la jefa del Ministerio Público, quien dijo que la búsqueda de este propósito que por tantos años ha anhelado el país, no puede ser a costa de todos los ciudadanos.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Margarita Cabello dijo que la situación de seguridad es muy difícil en los territorios por el accionar de los grupos armados. Agregó que así se lo han transmitido varios gobernadores y alcaldes, que le han dicho que la respuesta del Gobierno y la Fuerza Pública no es contundente.
EL NUEVO SIGLO: ¿Está en peligro en el país el sistema de pesos y contrapesos institucionales?
MARGARITA CABELLO BLANCO: En las democracias, especialmente en las latinoamericanas, el principio de pesos y contrapesos se pone a prueba con frecuencia. Para bien de nuestro país, el diseño del Constituyente de 1991 fue entregar un sano y muy necesario equilibrio entre los poderes públicos y los órganos de control.
Imaginemos por un momento que el Gobierno no pudiere ser controlado o que solo quedara vigilado por el órgano competente de ejercer la acción penal, ¿cuántas irregularidades o abusos de poder podrían cometerse? Si no existieran los órganos de control y otras entidades encargadas de que se cumpla el ordenamiento jurídico, el Gobierno pasaría a ser tiranía y la democracia pasaría a ser oligarquía o demagogia, males que afortunadamente se evitan con dicho diseño.
Ahora bien, en una democracia algo debe ser absolutamente claro: el mandato popular no puede convertirse en una inmunidad para el servidor público electo. Preguntémonos como ciudadanos si realmente nosotros elegimos a alguien para que actúe de forma incorrecta. Estoy segura que el elector quiere elegir bien y que, si se le traiciona ese mandato, aquel quisiera que se impongan los respectivos correctivos.
De allí, entonces, la importancia de mantener ese control, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia recientemente publicada, en la que claramente fijó los alcances y límites de la acción disciplinaria frente a los servidores públicos elegidos popularmente. Esta importantísima función disciplinaria es una forma de preservar el equilibrio entre los poderes.
A lo anterior, debe agregarse algo: por un lado, en Colombia algunos sectores se acostumbraron a la exigencia de los derechos, pero olvidándose por completo del cumplimiento de los deberes que como servidores públicos se tienen, incluso con respecto al mismo elector. Por el otro, no todo incumplimiento constituye delito o debe ser de conocimiento de un juez penal. En síntesis, el equilibrio de poderes no puede quedar convenientemente sujeto y en solitario a una condena en un proceso penal.
ENS: ¿En qué va la indagación de la Procuraduría al Comandante del Ejército por presunto ocultamiento de información sobre un supuesto plan del Eln para atentar contra el fiscal Barbosa, la senadora Cabal y el general (r) Zapateiro?
MCB: Siempre que se presente una denuncia en la Procuraduría General de la Nación debemos indagar de manera preliminar, y en este caso la relacionada contra el Comandante del Ejército y otros oficiales fue iniciada oportunamente. Se está en etapa de pruebas con el objetivo de esclarecer la veracidad y determinar si el supuesto plan criminal se conocía desde hace varios meses por los altos mandos, y así identificar plenamente a los responsables del presunto ocultamiento.
De acuerdo con los resultados de esta indagación, el despacho encargado determinará si se abre o no investigación y contra quiénes.
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ENS: Hay varias alertas de la Procuraduría por la situación de inseguridad y afectación del orden público en distintas regiones, ¿qué tan grave es?
MCB: Todas las semanas estamos en territorio dialogando con alcaldes, gobernadores, personeros y la ciudadanía en general, y realmente la situación que nos exponen de inseguridad y criminalidad es preocupante. Informan que la respuesta institucional por parte del Gobierno nacional y de la Fuerza Pública no es contundente ni suficiente.
Los gobernadores han dicho que se sienten solos, nuestro llamado desde la Procuraduría es el de apoyar con urgencia a las regiones y respaldarlos en sus esfuerzos por mantener la seguridad ciudadana.
La paz no puede ser a costa de todos, los grupos insurgentes y las bandas criminales al margen de la ley tienen que dar señales verdaderas de que quieren esa paz. Bajo el discurso de la paz no podemos entregarles los territorios a los delincuentes.
ENS: ¿Qué mensaje le envía al país, pero sobre todo a las víctimas, el que Salvatore Mancuso fuera designado por el Gobierno gestor de paz, y que por ello podría quedar libre si regresa a Colombia?
MCB: El señor Mancuso hizo solicitud para que su deportación de Estados Unidos fuera hacia Italia y no hacia Colombia, donde existen órdenes y compromisos pendientes por acatar. Tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria por hechos presuntamente ocurridos con posterioridad a su entrega a la Justicia y Paz; una orden de captura y una solicitud de extradición impuestas por el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca; y varios compromisos pendientes por responder.
Es importante por el bien de las víctimas y de la ciudadanía que todos esos aspectos sean clarificados para que su designación como gestor de paz no se vea empañada y cuestionada.
ENS: ¿Qué es lo que pasa con las cifras sobre adjudicación y formalización de tierras en este Gobierno, que la Procuraduría ha puesto en duda?
MCB: Los resultados del Gobierno frente al acceso y formalización de tierras no dejan de preocupar a la Procuraduría. Acabamos de recibir un informe de la Agencia Nacional de Tierras, en respuesta a un requerimiento nuestro, en el que queda claro que de las 1.184.630 hectáreas que referenciaban haber formalizado durante su primer año, realmente han sido adjudicadas solo 269.321 hectáreas, a corte de 1 de agosto de 2023. Otras 641.727 hectáreas corresponden a la formalización y entrega de títulos de gobiernos anteriores.
Estamos revisando en detalle los informes presentados por la Agencia Nacional de Tierras para analizar la veracidad de la información presentada y, de ser el caso, iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.
ENS: ¿En qué va el caso en la Procuraduría sobre Nicolás Petro y sus actuaciones relacionadas con la campaña presidencial?
MCB: El proceso de Nicolás Petro continúa en etapa de investigación disciplinaria y práctica de pruebas. Avanza en la instancia competente de acuerdo con los tiempos señalados en la ley y con el impulso necesario para el esclarecimiento de estos hechos.
ENS: ¿Algún avance en la indagación por el escándalo en que se ve involucrada la Casa de Nariño, después de que Laura Sarabia denunció que le robaron un dinero, y a partir allí llevaron a la exniñera de su hijo al polígrafo y hubo chuzadas a su teléfono?
MCB: Nos encontramos en la fase de recolección de las pruebas solicitadas tras la apertura de indagación preliminar, para establecer posibles responsabilidades disciplinarias individuales frente a la práctica irregular de un polígrafo por parte de funcionarios públicos a la exempleada personal de Laura Sarabia. Vamos dentro de los tiempos procesales adecuados y pronto tendremos decisiones de fondo.
ENS: ¿Cómo ve el desarrollo de las próximas elecciones desde el punto de vista de transparencia y garantías democráticas?
MCB: Estamos viviendo un proceso electoral complejo. La inseguridad tanto rural como urbana ha sido una de las mayores preocupaciones detectadas cuando viajamos a las regiones, de acuerdo a lo que nos informan en los territorios. La Procuraduría en su condición de entidad vigilante del proceso electoral en Colombia, cuenta con un Sistema Nacional de Vigilancia Electoral y comités territoriales que nos permite tener presencia en todas las regiones y estar atentos al cumplimiento de las reglas electorales, como prevención de trashumancia, prohibición de participación en política, uso de dineros ilícitos o ilegales en la financiación de campañas, vigilancia de propaganda electoral, verificación de antecedentes disciplinario de los candidatos, entre otras.
Base de la Armada en Gorgona
ENS: ¿Qué pasó con la base guardacostas en la isla Gorgona, que puede ser clave en la lucha contra el narcotráfico, se construirá o no?
MCB: Gorgona es un parque nacional natural y algunas organizaciones plantean inquietudes en torno al posible impacto negativo que podría ocasionar la construcción de la subestación de la Armada Nacional, la que cuenta ya con licencia ambiental.
La controversia se presenta entre el tema de seguridad y el impacto ambiental de la subestación. En virtud de ello, la Procuraduría pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que cite a una audiencia pública ambiental en el marco del seguimiento a la licencia ambiental del proyecto, entendiendo que el cronograma ya presenta retrasos y que se requiere habilitar ese mecanismo de participación.
Insistimos en la necesidad de que las inquietudes de todos los actores sociales y científicos se tramiten por los cauces institucionales. El diálogo social y la participación en asuntos ambientales no puede hacerse por fuera de estos.
Estamos valorando los riesgos ambientales, como la relevancia del proyecto propuesto, pero será el Gobierno Nacional el que determine la continuidad del mismo.
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