A PESAR de que hace algunas semanas el Ministerio de Ambiente anunció que invertirá más de $ 3.000 millones en la restauración del río Atrato, la Procuraduría pidió ayer al Tribunal Administrativo de Cundinamarca considerar realizar una audiencia pública con la ministra, Susana Muhamad, para que el Gobierno presente su plan de acción para el cumplimiento de la sentencia que lo reconoce sujeto de derechos para su protección.
Pero el Ministerio Público, indicó, “es trascendental la intervención judicial en este momento en que hay una nueva administración en el Gobierno, con una estrategia distinta, derivada del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, la Procuraduría considera oportuna la convocatoria, de cara a la elección de nuevos gobiernos locales, que deberán ajustar sus planes de desarrollo con una estrategia unificada y no como esfuerzos desarticulados”.
El requerimiento del ente de control se deriva también del acompañamiento que realiza como coordinador de seguimiento a la orden judicial, rol que dio como resultado la emisión de dos autos de verificación (N.° 12 del 14 de diciembre de 2022 y del auto del 22 de marzo de 2023), en los cuales detalló la relevancia de reunir a los actores de la sentencia, para revisar y diagnosticar las razones del lento avance en la implementación de los mandatos y replantear las estrategias.
Finalmente, la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró que el compromiso de convocar a una audiencia fue mencionado en el pasado foro de la Comisión intersectorial para el Chocó (CICH) y en la Comisión de Guardianes del río Atrato, celebradas los pasados 18 y 19 de julio; por lo que solicitó que sea la judicatura la que blinde de legitimidad y coercitividad al proceso.
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La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-622 de 2016, reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. Para ello, le ordena al Gobierno Nacional elegir un representante legal de los derechos del río, y mediante el Decreto 1148 de 2017 el presidente de la República designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Otros ríos que han sido declarados por las Altas Cortes sujeto de derechos son el Cauca, el Magdalena y el Quindío.
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En julio pasado durante el foro ‘Atrato, Territorio de Cultura y Vida’, realizado en Quibdó (Chocó), la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció la inversión de los primeros $ 3.000 millones para la restauración del río Atrato, en el marco del cumplimiento de la sentencia T-622.
“La inversión de estos primeros 3.000 millones de pesos para el río Atrato nos permitirá generar herramientas y acciones de restauración y rehabilitación en ecosistemas estratégicos en 20 municipios de la cuenca del río Atrato y beneficiar a 62.000 personas alrededor de esta”, aseguró Muhamad.
La ministra agregó que debe sacarse la sentencia de la institucionalidad y del Consejo de Guardianes y llevarla a los territorios con las comunidades. Para eso, esta fase inicial de $ 3.000 millones este semestre ayudará a la estructuración de la restauración ecológica.
“Hemos hablado de trabajar en seis subzonas dentro de la cuenca del río Atrato, cada una con ecosistemas que van desde el páramo al mar, y articulando a todos los actores en esos planes subregionales a partir de los cuales queremos desatar una acción de protección del río Atrato de la mano de las comunidades en los territorios, es un pacto directo entre el Estado y la gente”, señaló la ministra.
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