Los cuatro agentes de la Dijin capturados por estar presuntamente involucrados con las 'chuzadas' telefónicas a las exempleadas de la exjefe de gabiente, Laura Sarabia, no aceptaron los cargos por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones imputados por la Fiscalía.
Durante la audiencia, dos de los abogados de los uniformados manifestaron que hubo irregularidades en las actas de capturas y otras anomalías en la incautación de algunos elementos.
Sin embargo, la juez de procedimientos declaró que la captura del capitán Carlos Andrés Correa Loiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla y el particular Fredy Alexander Gómez, se realizó correctamente apegada a la ley.
De acuerdo con la Fiscalía, “los elementos de prueba dan cuenta de que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la exjefe de Gabinete de la Presidencia denunciara la pérdida de un dinero en su lugar de residencia”
Durante la audiencia, el ente investigador señaló que los policías Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua modificaron un informe del 30 de enero "en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes" con respecto al trámite de Marelbys Meza y Fabiola Perea , exempleadas de Sarabia.
Del mismo modo, la Fiscalía acusó al capitán Carlos Andrés Loaiza y el agente Jhon Fredi Morales de conocer la situación de las escuchas ilegales.
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El Caso
Un escándalo en apariencia doméstico terminó salpicando a dos fichas claves del gobierno Petro: la entonces mano derecha de Petro, Laura Sarabia, y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela.
El fiscal Francisco Barbosa aseguró en rueda de prensa que el teléfono de la exniñera de los funcionarios fue interceptado "con la utilización de un informe falso" en el que la vinculaban con narcos, luego del robo de un maletín con miles de dólares en la casa de Sarabia.
Otra empleada de la funcionaria también quedó bajo escucha, ambas señaladas de trabajar con el comandante narco conocido como Siopas en el departamento del Chocó (oeste).
A la niñera Marelbys Meza la sometieron a un interrogatorio con polígrafo el 30 de enero en un edifico anexo a la sede presidencial que está siendo investigado por autoridades.
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