Enfrentado

Esta semana continuará en el Congreso de la República la discusión del proyecto de ley que busca crear la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, mediante el pacto arbitral ejecutivo. Se han escuchado algunas voces que le encuentran inconvenientes a esta iniciativa.

Con la aplicación de esta Ley se pretende lograr la descongestión judicial a través de la creación de la figura del pacto arbitral.

De esta manera, los jueces podrán dedicar mejor calidad de tiempo a otro tipo de demandas constitucionales y de conocimiento que ameritan una mayor atención del operador judicial.

Dentro de los beneficios se destaca que el público en general y los sectores reales, financiero, comercios y aseguradoras se beneficiarán con el nuevo sistema pues generará mayor seguridad a sus procesos de recuperación de cartera.

Durante la discusión que se ha dado del proyecto, que ha sido analizado por expertos juristas y representantes de diferentes entidades como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el Centro Arbitraje y Conciliación de la Universidad del Norte, el Comité Colombiano de Arbitraje, el Instituto de Ciencia Política, el Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, intervino el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El alto funcionario se pronunció principalmente frente a dos asuntos. El primero, en cuanto a la constitucionalidad del proyecto a partir del fallo de la Corte Constitucional en la sentencia y manifestó que considera que el problema jurídico analizado por la Corte se ha superado con lo que propone la actual propuesta.

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Durante la discusión que se ha dado del proyecto, que ha sido analizado por expertos juristas y representantes de diferentes entidades como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el Centro Arbitraje y Conciliación de la Universidad del Norte, el Comité Colombiano de Arbitraje, el Instituto de Ciencia Política, el Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, intervino el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El alto funcionario se pronunció principalmente frente a dos asuntos. El primero, en cuanto a la constitucionalidad del proyecto a partir del fallo de la Corte Constitucional en la sentencia y manifestó que considera que el problema jurídico analizado por la Corte se ha superado con lo que propone la actual propuesta.

En segunda medida, el doctor Osuna se pronunció sobre la utilidad o las ventajas que podría traer este proyecto y afirmó que “con un proyecto como este, si hay suficientes centros que se provean de árbitros, efectivamente pueden descongestionar de manera significativa el sistema judicial”, y agregó: “Considero que este proyecto puede ser benéfico, se le podrán introducir modificaciones, pero es un proyecto que está bien encaminado y que no tiene problemas de constitucionalidad ya que cuenta con condiciones de garantía de autonomía de la voluntad”.

Por su parte, el director del consultorio jurídico y el Centro Arbitraje Conciliación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Juan Antonio Barrero, manifestó que encuentra una inconsistencia social en algunos aspectos del proyecto, y a diferencia del Ministro de Justicia, considera que no se superan todas las barreras presentadas por la Corte Constitucional para cierto grupo poblacional. Agregó que “lo lógico sería ampliar a una mayor exclusión, no por ser inconstitucional sino por ser inconveniente desde una perspectiva social en el tráfico de los negocios que se darían por el pacto arbitral”.

Barrero también agregó que para que el pacto arbitral resulte accesible y viable económicamente para las personas de bajos recursos, se debe hacer un esfuerzo pedagógico muy grande para que llegue al común de la gente.