El domingo próximo, sea cual fuere el resultado del plebiscito, éste se proyectará, los precandidatos a la presidencia asomarán y el nuevo partido de la guerrilla, aún sin nombre, con un porcentaje del presupuesto nacional destinado a un centro ideológico, entra al escenario. Habrá renovación del Congreso con curules adjudicadas previamente en nombre de la paz y se vislumbran coaliciones a corto plazo.
Dirigentes no aparecen de la noche a la mañana, la gobernabilidad disminuye, urge remozar la política, recuperar el sentido común. Requerimos unidad frente a asuntos pendientes dilatados, por ejemplo, el de la posición en defensa del mar, de la suscripción de tratados de integración fronteriza con Nicaragua y los países vecinos que la cancillería permanece sin explicar.
Como abogado y ex magistrado de la Corte Suprema me es imposible compartir la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz conformada por instancias extranjeras, ratificar que haya dos justicias, una para los involucrados en la comisión de delitos atroces y otra la constitucional. La amnistía y el indulto, figuras indispensables en el proceso, son parte del derecho penal colombiano. Encomendar la misión de investigar y aplicar penas a personas ajenas a la rama judicial es desmantelarla y en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional me enseñaron que la justicia tiene que ser igual, que quienes van a ser juzgados no eligen sus jueces No hay derecho contra derecho.
Las Farc formaron “Repúblicas Independientes” hace cincuenta años, agradecemos el cese al fuego, recibimos con satisfacción a quienes vuelven del monte, creo en su voluntad de paz, pero la fraternidad no se aclimatará con el regreso al pasado, ni con el abultado “bloque constitucional”, ni con apabullante y costosa propaganda.
Los efectos del plebiscito, no se limitan a la respuesta de la pregunta ¿Si o No?, ni a la refrendación del acuerdo. El documento suscrito con la guerrilla incluye un gran debate respecto de la estructura del Estado, ninguno sabe cómo se efectuará pero el país no puede seguir legalizando la inmoralidad. He reconocido la labor de los negociadores del Gobierno durante más de cuatro años y, desde luego, el acuerdo contiene consensos positivos, así lo reitero, lo cual no significa que me abstenga de consignar mi desacuerdo con la tipificación del narcotráfico como delito político conexo. La moral de un Estado se mide por su legislación. Desconozco si mi posición es aislada, la formulo a título individual, corresponde a la expresión de buena fe de un deber de conciencia, a convicciones de toda la vida. Continuaré pendiente del desenlace de la jornada electoral y de sus efectos.
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