Las Farc y la izquierda se sienten hoy más triunfantes que nunca, porque a la firma de un acuerdo que les concede poderes más allá de sus más optimistas deseos, sumaron la expulsión arbitraria del Procurador, último bastión de una institucionalidad forzada a someterse a sus exigencias y dictámenes. Presidente y Timochenko se concertaron para defenestrar al jefe del Ministerio Público, pero por razón de la prepotencia que los anima, olvidaron que toda conspiración exitosa se nutre de silencio. Amenazas y presiones se hicieron públicas y aumentaron al unísono con la desesperación que les causa una opinión pública reticente a sus halagos y escéptica ante los términos desventajosos de lo que se asemeja más a una rendición que a un acuerdo.
Alejandro Ordóñez, se convirtió en un estorbo mayúsculo al propósito de convenir una paz tan imperfecta que solo apunta a acercar a las Farc al poder y a otorgar premio Nobel al gobernante que lo consienta. Para conseguirlo, acudieron a violentar la autonomía e independencia del Consejo de Estado, afectando su credibilidad, sin importarle demasiado porque ya habían acordado la “capitis diminutio” de la justicia colombiana. Hoy pretenden culpar a Ordóñez de dilatar la decisión del Consejo de Estado ocultando la responsabilidad que les atañe en la morosidad que solo se produjo por la dificultad en alinear la mayoría necesaria para decretar la nulidad.
Las consecuencias de toda esa oscura trama no pueden ser más negativas. Debilitan la institucionalidad sometiendo al Consejo de Estado a la voluntad omnímoda del Ejecutivo, obligándolo a toda clase de peripecias que ensombrecen la percepción que se podía tener sobre la idoneidad y rigurosidad jurídica de sus magistrados, no solamente por el triste espectáculo de un ponente que en breve término cambia radicalmente de criterio, sino también porque en la plenaria de la Corporación modifican su constante jurisprudencia para enlodar a la Corte Suprema y proveer asidero a la ejecución del Procurador.
Razón tiene la señora Presidente de la Corte Suprema de Justicia en afirmar que en esa alta Corporación se limitaron a seguir los precedentes establecidos por el propio Consejo de Estado y que, si éste cambio de criterio con posterioridad a los hechos, es cuestión que se les sale de las manos. Políticamente, potenciaron la figura del Procurador y lo elevaron a la posición de referente para un amplio sector de la opinión pública. Ese fue el resultado de que el presidente cumpliera con creces su prédica de que todo se vale y que hace lo que se le dé la gana.
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