Tras las denuncias de sobrecostos en un millonario contrato de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), se conocieron las declaraciones del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, y la reacción de la congresista María Fernanda Cabal sobre este escándalo en la capital valluna.
El mandatario Ospina manifestó a los medios de comunicación que no debe haber ninguna organización política que influya en los procesos de Empresas Municipales de Cali. “Por supuesto que nos demanda un proceso de revisión y de intervención de todos los procesos contractuales y convocamos a una comisión interinstitucional, incluso con los medios de comunicación, de revisar los principales procesos contractuales de Emcali, con minucia, con lupa para poder tomar acciones pertinentes”.
“En Emcali existe una organización sindical de máxima veeduría que ha hecho posible que se identifiquen los casos; si otros casos así hubieran existido, la organización sindical los hubiera colocado en documentación pública”, añadió el alcalde.
“Más allá de la decisión de que el gerente continúe tengo que decir que los indicadores de Emcali venían cumpliendo una recuperación muy exigente, muy distinta a lo que anteriormente había ocurrido”, aclaró Ospina.
“Todavía no creo que a un gerente en Cali se le ocurra comprar televisores en 45 millones de pesos, eso lo veo loco, irresponsable. Por eso el proceso se adelanta y ante esa identificación se tiene que llevar ante la Fiscalía General y no tiene bajo ninguna circunstancia que ser ejecutado el presupuesto con un elemento tan doloso como el que se ha identificado”, sostuvo el mandatario.
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Al mismo tiempo, negó que Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, quien ya renunció, fuera cuota política del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
Y agregó que “fui yo quien tomó la decisión que Juan Diego Flórez fuera gerente de la empresa y por su buena gestión estuvo durante dos años y siete meses”.
Ante estas declaraciones, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le dijo a EL NUEVO SIGLO que “en efecto el gerente tiene que renunciar de manera inmediata y el alcalde finalmente es el responsable de desgreño. Todos los alcaldes progresistas le meten la mano igual a lo que hizo el señor Caicedo, cuando fue alcalde de Santa Marta, le meten la mano a los servicios públicos porque es el botín para inventarse partidos, para elegir cuerda de su misma cuerda política, esto es un desastre”.
“Aquí es cuando los entes de control tienen que responder. Tanto funcionario y ¿para qué sirve?, ¿para qué está la Contraloría de allá, municipal?, ¿dónde está la Procuraduría?”, expresó Cabal.
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