El Gobierno no parece entender las consecuencias políticas y jurídicas del triunfo del No. Ha invertido esfuerzos y tiempo en la pretensión de restarle a la decisión popular sus alcances jurídicos y políticos: la derogatoria de su vigencia y la de los instrumentos legales para su implementación, y la necesidad de un pacto nacional que responda a la esperanza por la paz. Debe el Gobierno desistir de su agresiva retórica y mostrar disposición para construir un consenso nacional que haga viable un nuevo acuerdo con las Farc. Instigar divisiones entre los voceros del No, reducir sus propuestas a meras precisiones y ajustes menores a lo ya rechazado por el pueblo, o abrogarse la capacidad de calificarlas de imposibles o inviables para no discutirlas con Timochenko y sus subordinados, no constituye el camino más conveniente y expedito para alcanzar un pacto nacional por la paz. Menos aún, si se pretende tumbar el plebiscito mediante sentencias teñidas de obsecuencia y carentes de juridicidad.
El gobernante debe dar señales claras e inequívocas de su disposición a convenir con los voceros del No un nuevo texto y a negociarlo con las Farc. La movilización ciudadana apunta a conquistar la paz y no a acompañar un “conejazo” mayúsculo a la voluntad popular expresada en las urnas el 2 de octubre. Con ello, solo se lograría sepultar toda esperanza de paz. Es esta una consecuencia que no debe ignorarse por más dolor que se haya experimentado con el desenlace de la consulta popular. Al gobierno le corresponde crear un clima de confianza que haga posible el entendimiento.
Los distintos voceros del No han presentado sus respectivas propuestas. Todas concuerdan en aspectos fundamentales que fueron precisamente las razones que motivaron el rechazo ciudadano al acuerdo Final. Aspiran a una consideración seria por parte del Gobierno y a una discusión enriquecedora y no maniquea de sus contenidos. Mantener la integridad de la Constitución del 91, revisar la Jurisdicción Especial para la Paz, la impunidad y elegibilidad para autores de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, la incorporación del narcotráfico a la categoría de delito político, el empoderamiento de las organizaciones sociales como formaciones de oposición, proteger la familia y la integridad de niños y niñas, hacer realidad la entrega de bienes y tierras de las Farc para asegurar la reparación integral de sus víctimas, entre otros, constituyen los temas de la negociación y los ejes de un acuerdo que consagre una paz sostenible y duradera.
En manos del Presidente está la llave de la paz. Es el único responsable de su uso.
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