Enfrentado

Ardua fue la discusión en la Comisión Primera del Senado en la que, luego de horas, se aprobó el proyecto que reforma la Constitución y establece la Jurisdicción Agraria y Rural.

Alexander López, quien fue el senador ponente, manifestó que el objeto de esta iniciativa es definir el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de la tierra, de bienes inmuebles, en zona rural, mediante una Jurisdicción Agraria y Rural, y afirmó que desde la época de la colonización hasta el día de hoy, no se ha tomado una decisión de fondo integral que permita resolver este conflicto y esta crisis histórica que se ha  presentado en el país.

El senador precisó dentro de su ponencia que el proyecto tiene siete artículos: Se crea la Corte Agraria y Rural. Se define la escogencia de los magistrados. Se señalan las funciones de la Corte Rural y Agraria, la cual será la jurisdicción de cierre. La Corte revisará las decisiones judiciales que provienen de las autoridades y dirime los conflictos de competencias que se presenten en la jurisdicción. Se garantizará el enfoque de género y el derecho de las mujeres al acceso a la tierra. La jurisdicción garantizará el enfoque territorial étnico en favor de las víctimas y el Acto Legislativo determina una Ley Estatutaria que detalle el funcionamiento, estructura y temáticas de la jurisdicción.

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En este sentido, argumentó el senador Alexander López que “esta es una de las reformas constitucionales más importantes en los últimos 30 años en nuestro país, que busca pagar la deuda histórica que se tiene con el campo colombiano y en especial con las víctimas. Con la legislación actual, afirmaba la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno anterior, se necesitaban 256 años, aproximadamente, para la formalización de tierras de acuerdo con las solicitudes existentes”.

Mientras tanto, para la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien se opuso a la creación de una nueva Corte, sería suficiente con una Ley Estatutaria, en la que se creen otros mecanismos como una sala dentro de las altas Cortes existentes, y así evitar altos costos y mayor burocracia.

Bajo esta premisa, la senadora Valencia solicitó archivar este proyecto debido a que en Colombia ya existe una jurisdicción agraria y se encuentra contenida en la jurisdicción ordinaria, que cuenta con una sala Civil y Agraria.

Así mismo, advirtió que “con este proyecto se crearán nuevos cargos en la rama judicial, aumentando costos en al menos 400 mil millones de pesos al año”.