Off the records

Duros señalamientos

Una dura controversia entre los gobiernos Santos y Duque surgió alrededor de la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Esto por cuenta de las declaraciones del propio expresidente Juan Manuel Santos en torno a que durante la administración de su sucesor se “desmanteló” lo que se había construido en materia de proceso de paz y hasta se polarizó el manejo de la Fuerza Pública. “Todo eso se desmanteló, con un agravante, se polarizó el manejo de las Fuerzas Armadas, entonces ya no los ascensos se debían por méritos sino por lealtades… Lo que hicieron fue desmantelar todo un trabajo de muchos años y ahí vimos los resultados, que la Fuerza Pública volvió a la parte de los bombardeos sin ninguna contemplación, volvieron otra vez a contabilizar los muertos en vez de los desmovilizados, a lo viejo, a lo que se había desmantelado y ahí están los resultados… Se dedicaron a perseguir jóvenes, la Policía la pusieron a perseguir a los jóvenes que fumaban en los parques y, por supuesto, esos jóvenes comenzaron a generar una ansiedad y odio hacia la Policía y se vio un odio en las manifestaciones producto de una mala política de seguridad".

Dura réplica (I)

Quien salió a replicar al expresidente fue el exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila, quien manejó la política de implementación en el gobierno Duque. “Es falso e irresponsable el ex presidente Juan Manuel Santos al negar los avances en implementación del acuerdo de paz… Falso porque en 2020 se terminaba la Ley de Víctimas y la renovamos, pasamos de 3 a 30 reparaciones colectivas, llevamos la restitución a todo el país, logramos las curules para las víctimas, incrementamos el presupuesto para su reparación y dejamos los Conpes formulados”.

Dura réplica (II)

Archila también indicó que lo dicho por Santos era “falso porque el apoyo a los excombatientes terminaba en 2022 y lo extendimos, acordamos los niveles de garantías para estos y hoy casi la totalidad han sido exitosos volviendo a la vida civil. Dejamos acordada la Hoja de Ruta para todos estos. Falso porque recibimos promesas hechas a 100 mil familias de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sin planeación ni recursos, dimos $2 billones en apoyo y casi la totalidad ya están en etapa de implementación de niveles de proyecto productivo, menos del 1% se retiró. Falso porque pasamos del 0% de los municipios que contarán con planeación Pisda al 100% y dejamos planeado Colombia Sustituye para sustituir 95% de la coca en el país. Falso porque de los 16 PDET nosotros terminamos 14, de cero pesos pasamos a estar ejecutando, en este momento, $16 billones para las comunidades y dejamos la Hoja de Ruta y los Mecanismos especiales de Consulta andando”.

Sonajero tempranero 

Aunque aún falta más de un año para que al fiscal General, Francisco Barbosa se le venza el periodo, ya comienzan a sonar nombres para su posible reemplazo. En los corrillos políticos suenan ya nombres como los del actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, así como el del exprocurador Fernando Carrillo. Según la Constitución, el Fiscal General será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República. Barbosa, ex consejero presidencial de Derechos Humanos del gobierno Duque, se posesionó el 13 de febrero de 2020. El entonces Jefe de Estado lo ternó en una baraja en donde también figuraban Camilo Gómez Alzate (entonces Director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica de la Nación) y Clara María González Zabala (entonces Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República).