El nuevo salario mínimo

* Solidaridad en tiempos de pandemia

* Medidas de protección adicionales

La fijación del salario mínimo en una economía como la colombiana es una determinación delicada. Desde luego, por razones de la pandemia y sus secuelas, ahora se vive una realidad extraordinaria. Por ello, es indispensable sopesar todos los elementos que hoy inciden en el poder adquisitivo y las diferentes variables para lograr una decisión acertada.

En editoriales anteriores hemos insistido en que, en esta ocasión, no podría perderse la oportunidad de lograr, entre empresarios, trabajadores y gobierno, un ajuste salarial por vía de la concertación. Además, con base en un aumento positivo. Ciertamente, es una muy mala costumbre nacional desperdiciar los espacios institucionales que promueven el consenso, como en este caso del salario mínimo. En esa medida no es sorpresivo que, en Colombia, en vez de la cultura del acuerdo prevalezca la del choque y disensión. Por fortuna ayer se optó por lo primero.

De otra parte, ya es un hecho que el ajuste salarial se dará a partir de una decisión política más que sobre las variables económicas habituales: inflación causada y productividad. Incluso, el primero en hablar de un nuevo salario mínimo de al menos un millón de pesos, por fuera de las premisas tradicionales, fue el candidato presidencial Juan Carlos Echeverri, ex ministro de Hacienda. Más adelante algunos aspirantes asumieron la misma línea. Pero la sorpresa mayor se dio ayer, cuando el propio presidente de la República, Iván Duque, propuso una cifra similar, a partir de un incremento del 10,07 por ciento aparte del subsidio de transporte, todavía pendiente.

“Aquí -dijo el primer mandatario al defender su propuesta- se trata de solidaridad… Somos una de las economías que más ha crecido en el mundo. Esto no ha sido un esfuerzo artificial; ha sido posible gracias al esfuerzo de empresarios y trabajadores”.

En ese orden, los gremios económicos más importantes salieron a respaldar la idea, lo mismo que las centrales sindicales. Bajo esta perspectiva, es claro que las mediciones acostumbradas no fueron tomadas de base. Tal vez sea esta la noticia primordial, mucho más cuando se trata del aumento más alto de los últimos 40 años.

Con ello, asimismo, se busca generar mejores condiciones para los trabajadores, superando el desnivel con otros países de la región pero, de otra parte, crear índices de consumo superiores que permitan consolidar la reactivación económica. En esa dirección, también cuentan los subsidios estatales a las nóminas, cuya permanencia, no sobra recordar, termina el próximo año.

Frente a esa decisión es necesario precaver, igualmente, las consecuencias y tomar las medidas concomitantes. Al fijarse el salario mínimo por lo alto las pequeñas y medianas empresas (90% del empleo formal que se genera en Colombia) bajarán las nóminas o dejarán de contratar, según lo advirtió su gremio. Puede haber, pues, más gente lanzada al injusto laberinto de la informalidad que además cuenta, en nuestro país, con uno de los registros más elevados del mundo. Ante lo cual es inexorable que, por fin, se cree una política pública de gran envergadura al respecto. De hecho, el PIB se está recuperando más rápido que el empleo. Aún nos falta generar cerca de 500.000 puestos de trabajo para volver a los niveles prepandemia.

De otro lado, son del mayor cuidado los trastornos en las cadenas de suministro y los canales de comercialización que sufre el mundo a raíz de la pandemia. Parte de esos mayores costos aún no se han traducido al consumidor, pero las fuerzas inflacionarias ya se comienzan a desatar, tanto en el globo como en Colombia, con su gravosa incidencia sobre el poder adquisitivo y la economía familiar. Por ejemplo: la inflación anunciada para noviembre en los Estados Unidos es la más alta de las últimas cuatro décadas. Como van las cosas, si el 2020 y el 2021 fueron los años de la pandemia el 2022 será recordado como el año en que despertó el monstruo de mil cabezas que es la inflación, el peor de todos los impuestos, sobre todo para los de menores recursos.

En ese sentido, hay que poner todos los diques para que el ajuste del salario mínimo proteja a la economía familiar de la inflación, no genere más informalidad y no castigue la creación de empleo formal en las pequeñas y medianas empresas, que son el ariete de nuestra estructura laboral. Está bien, por supuesto, el ajuste pre acordado como un reconocimiento solidario entre los componentes cruciales de la economía, tal cual lo hemos dicho. Siempre y cuando, eso sí, se tomen las precauciones adicionales y al final no se termine dando lo comido por servido.