Enfrentado

El presidente Gustavo Petro generó polémica al señalar que uno de los objetivos del Estado es lograr “un programa amplio” que permita cobijar a 100 mil jóvenes, para que reciban “un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, competir con el salario que entrega el grupo multicrimen y que, a cambio como contraprestación, pueda haber estudio”.

Para el mandatario esta es una forma por la cual “le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede”.

Ese auxilio sería de un millón de pesos que busca ayudar especialmente a los jóvenes que viven en las zonas más vulnerables del país.

Ante esta posibilidad, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, dijo en La W que la oposición pretende ponerle la suspicacia a todo, “nunca sacaron a nadie de la pobreza, no les disputaron los jóvenes a las mafias y hoy se quieren poner en contra de la intencionalidad del presidente Gustavo Petro frente a ese tema. Hay que recordar que este es un programa que ya se ha utilizado como gestores de convivencia que se hizo en Bogotá, eso no volvió pillos a la población”.

Agregó que “eso lo hizo Maurice Armitage, que es un capitalista definido, un empresario reconocido en el Valle del Cauca, cuando fue alcalde de Cali generó los gestores de convivencia ambientales. Esto es una práctica que busca cómo resarcir a la juventud porque lo que nos dejó anteriores gobiernos fue la fatalidad”.

Por otro lado, Hernán Cadavid, parlamentario del Centro Democrático, afirmó en la misma emisora que “nunca en la reforma tributaria se habló de que 1,2 billones de pesos fueran a ser destinados para un programa que no está constituido, establecido, estructurado, que no se sabe cuáles van a ser los fines o los incentivos y entonces se presentan las primeras preocupaciones”.    

Luego señaló que sería ingenuo pensar que este es solo un anuncio aislado destinado a 100 mil jóvenes “y que dentro de esto no está también contemplado como consecuencia la medida de gestores de paz que están tratando de meter a la fuerza contra toda institucionalidad. La Procuraduría, La Fiscalía, los jueces y magistrados se están oponiendo a la vulneración de la institucionalidad en los términos como lo están haciendo”.

“Entonces yo pregunto: ¿a quién van a prevalecer, al que no hace nada y se ha dedicado a delinquir? ¿O van a incluir al joven que estudia y lo van a convertir en un incentivo ligado a su resultado?”, inquirió Cadavid.