Los sistemas electorales "son el conjunto de normas y procedimientos utilizados para decidir en las urnas sobre quiénes han de ocupar cargos de elección popular dentro de un régimen democrático".

De esta forma se organizan y operan los movimientos y partidos políticos, cada uno de los cuales interpreta y defiende sus planteamientos, doctrinas, filosofías o propósitos.

Sin que se haya advertido en Colombia, viene consolidándose un cambio fundamental en la economía global: el mundo de bajas tasas de retorno. Gracias a excepcionales condiciones económicas y empresariales, los rendimientos en bonos y participaciones accionarias durante los últimos 30 años fueron en EE.UU y Europa significativamente mayores que las tendencias de largo plazo. Buena parte de estas condiciones se han deteriorado o simplemente reversado. 

Al terminar la guerra con las Farc, el Estado colombiano abre el abanico para que exista una oposición en serio y partidos políticos diametralmente diferentes a la ideología republicana que con matices ha alternado por tradición el gobierno. Hay en la izquierda criolla dos vertientes que si bien se alían, tienen concepciones diversas. Una de ellas, como es evidente, admira el populismo tipo Chávez. Y la otra prefiere una suerte de social democracia como la que se ve en Uruguay y en Chile.

Nuestro plebiscito cada día se parece más al revocatorio de la vecindad, pero al contrario. El venezolano, el Gobierno está tan seguro de perderlo, que no ha hecho sino obstaculizarlo a toda costa. El nuestro, el Gobierno está tan seguro de ganarlo gracias a sus condiciones a la medida y su publicidad engañosa, que le sigue apostando a ensillar antes de traer las bestias, con show internacional y comisiones multilaterales de verificación funcionando desde hace rato, como si el país ya hubiera dicho SÍ.

El auge de la cultura emocional de nuestro tiempo se nota también en la política. Para atraer votantes no bastan los datos, la opinión de expertos, los argumentos, la experiencia histórica. Todo eso es inútil si no se enmarca dentro de un discurso que apele a las emociones del electorado.

Acabo de llegar de una de las reuniones más importantes que hay sobre aviación civil en el mundo y a la cual asisten las aerolíneas, las firmas de abogados y en fin la industria aérea. Por ningún lado se mencionó la coyuntura colombiana y por ende el beneficio que la paz traerá a la aviación de Colombia y la región. Ese no fue un tópico importante. De modo que el slogan que ahora aparece en los computadores de las oficinas de todos los empleados de la Aeronáutica Civil  #aviaciónparalapaz parece que aún no ha llegado a los escenarios internacionales.

El escenario de farándula que se ha montado para la firma de los acuerdos de La Habana no alcanza a esconder el cúmulo de concesiones dispensadas a las Farc, ni a disipar el escepticismo generalizado sobre su contenido, sino que también relega al olvido el triste destino de niños y niñas reclutados a la fuerza, de secuestrados sin rastro y que se suman a los desaparecidos que sólo perviven en el doloroso recuerdo de sus familiares y amigos.

Mientras que Bogotá está modificando  por estos días la estructura de su impuesto predial para hacerlo más progresivo, los acuerdos de La Habana  no se quedan atrás. Buceando por sus 297 páginas  he encontrado noticias interesantes sobre el predial. E, igualmente, algunas pistas sobre cómo y cuándo sabremos por fin cuál será el costo que tendrá el posconflicto.

Es tan marcada la ingenuidad de la campaña por el Sí, que bien vale la pena resaltarla.

Desconociendo las evidencias que muestran a las claras un ‘posconflicto conflictivo’ definido, precisamente, como la continuidad de la guerra, solo que por otros medios, los propagandistas del Sí ya hacen parte de la antología universal de la manipulación y de la apología.

Bastante desapercibida pasó en Colombia una noticia que podría tener importantes repercusiones en el futuro del país, sobre todo si finalmente refrenda su apuesta por un modelo inédito de justicia transicional: el primero adoptado endógenamente para terminar un conflicto armado, en vigencia del Estatuto de Roma, por un Estado parte en dicho tratado, y que además, se encuentra bajo observación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional.