Los sistemas electorales "son el conjunto de normas y procedimientos utilizados para decidir en las urnas sobre quiénes han de ocupar cargos de elección popular dentro de un régimen democrático".
De esta forma se organizan y operan los movimientos y partidos políticos, cada uno de los cuales interpreta y defiende sus planteamientos, doctrinas, filosofías o propósitos.
Sistema que en Colombia acusa inmensas y muy profundas falencias que deben corregirse para dar mayor transparencia, legitimidad y confianza a las decisiones tomadas en las urnas.
Y los candidatos de los diferentes partidos y movimientos políticos, puedan competir en igualdad de condiciones.
Reforma que con o sin conversaciones con la guerrilla, era necesaria y ya venía proponiéndose.
Tanto así, que en el Congreso de la República hacen tránsito varias iniciativas en tal sentido.
Por supuesto, el segundo punto del Acuerdo de La Habana, denominado ‘Participación Política Nueva Apertura Democrática para la Paz", igualmente plantea la necesidad de renovar las reglas electorales para que los militantes de la Farc puedan participar en las elecciones una vez depongan las armas.
Pero si bien es cierto, se trata según lo dice la propia guerrilla, de "un nuevo marco electoral que le permita a las Farc competir en las urnas de forma transparente para apuntalar el proceso de paz con el que se pretende terminar un enfrentamiento de medio siglo."; de la misma manera, son urgentes medidas efectivas de modernización electoral.
En consecuencia, hay que avanzar en una reforma verdaderamente integral.
En igual dirección, lo que pretende uno de los proyectos radicados en el Congreso de la República, en este caso por parte del partido de la U desde el pasado 20 de julio, es según el autor de la iniciativa, establecer “profundos cambios en la cultura política del país”.
Así las cosas, el proyecto, habla del voto electrónico para reemplazar los enredados tarjetones; la segunda vuelta para la elección de alcaldes y gobernadores; cambios en la financiación de las campañas políticas para garantizar el 100 % de sus presupuestos con dineros públicos; y la actualización del censo electoral, entre otros asuntos.
Mientras tanto, según lo dispuesto en el punto de ‘participación política’ de La Habana, se crea una misión de expertos que en un plazo de seis meses deberá presentar una propuesta de reforma electoral, la cual tendrá que centrarse innegablemente en la construcción de un estatuto de la oposición y en el afianzamiento del sistema de partidos, además de proporcionar garantías para el ejercicio político.
No olvidemos que las Farc tienen aseguradas a partir del 2018, y sin necesidad de hacerse elegir, mínimo 10 curules. Cinco en el Senado y cinco en la Cámara, diferentes a las circunscripciones especiales de paz.
Ahora bien, no sabemos si a esa “misión especial electoral” al término de los seis meses y dentro sus “recomendaciones” para que el Gobierno “haga los ajustes normativos e institucionales necesarios”; se le ocurra proponer que en los cuerpos colegiados de orden territorial como las Asambleas Departamentales y los Concejos municipales, se incluyan también cuotas de participación para las Farc; amén de sus otras exigencias que igualmente puedan surgir en la estructura del sistema y en la composición de los organismos de control electoral.
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