Mientras que Bogotá está modificando por estos días la estructura de su impuesto predial para hacerlo más progresivo, los acuerdos de La Habana no se quedan atrás. Buceando por sus 297 páginas he encontrado noticias interesantes sobre el predial. E, igualmente, algunas pistas sobre cómo y cuándo sabremos por fin cuál será el costo que tendrá el posconflicto.
La naturaleza del impuesto predial experimentará un cambio sustancial. De ser un impuesto proporcional pasaría a ser progresivo. En efecto, el punto 1.1.9 puntualiza que se hará una "adecuación de la normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio de la progresividad: el que más tiene más paga, fundamento de la equidad y la justicia social".
Hoy en día los municipios fijan las tarifas del predial dentro de unas franjas que señala la ley. Pero no lo hacen observando criterios de progresividad, sino que es un impuesto proporcional, o sea, de tarifa igual para cualquier predio. Más aún: estudios recientes demuestran que el predial actualmente es regresivo. O sea, la tarifa efectiva que pagan los pequeños y medianos predios es mayor que la de las grandes propiedades.
Este compromiso levantará desde luego ampolla en ciertos círculos que pondrán el grito en el cielo. Tanto más cuanto que esta visión del predial va acompañada de la puesta en marcha del llamado catastro multipropósito que tiene como objetivo, entre otros, acercar los avalúos rurales a sus valores comerciales. El nuevo predial servirá a la equidad, a mejorar el mercado de tierras en Colombia, lo mismo que los ingresos de los municipios.
El atraso actual es gigantesco: se calcula que aproximadamente un 50% de los predios rurales no revelan los verdaderos valores comerciales, base del predial. Para que se tenga un orden de magnitud del problema: El valor catastral de toda la Colombia rural equivale a un tercio del catastro de Bogotá.
No se sabe tampoco a la fecha cuánto vale el posconflicto. Hay cálculos iniciales pero no cuantificaciones exactas. Pero lo sabremos pronto. Al día siguiente de la firma del acuerdo final, dice el punto 6.1.a, se constituirá la comisión de "implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias". A los cuatro meses de constituida esta comisión, es decir, antes de finalizar el 2016, deberá presentar un "Plan Marco para la implementación de los acuerdos".
Este Plan Marco que tendrá una perspectiva de diez años deberá servir como insumo de un Conpes que se reunirá " a la mayor brevedad"- dicen los acuerdos -y en donde se fijarán, según el punto 6.1.1, los recursos indicativos necesarios para financiar el Marco de la Paz y la identificación de las fuentes que habrán de nutrirlo.
En otras palabras: llegó la hora para que sin ambigüedades se haga no solo la cuantificación oficial de cuánto vale el posconflicto, sino lo que es aún más importante: la identificación de las fuentes fiscales que habrán de financiarlo. Algo sobre lo cual ha guardado silencio hasta la fecha tanto el Ministerio de Hacienda como Planeación.
Llegó pues el momento de poner en blanco y negro las cuentas fiscales del país. Las fiscales: porque a la reforma tributaria, a la que tantas largas se le ha dado, se le acabó el tiempo. Y las del posconflicto, pues una vez firmada la paz y votado el plebiscito empiezan a marcar los taxímetros de los acuerdos convenidos en La Habana.
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