Bastante desapercibida pasó en Colombia una noticia que podría tener importantes repercusiones en el futuro del país, sobre todo si finalmente refrenda su apuesta por un modelo inédito de justicia transicional: el primero adoptado endógenamente para terminar un conflicto armado, en vigencia del Estatuto de Roma, por un Estado parte en dicho tratado, y que además, se encuentra bajo observación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional.
A finales de agosto, la fiscal Fatuo Benzoica, saludó positivamente el Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, reiterando su expectativa de que su implementación y aplicación estén a la altura de las obligaciones internacionales del Estado y hagan realidad la promesa de verdad, justicia y reparación para todos los colombianos, y en particular, para las víctimas.
La semana pasada su oficina anunció la expedición de un Documento de Política sobre la Selección y Priorización de Casos, una hoja de ruta que orientará la “elección de incidentes, personas y conductas a ser investigados y judicializados en el contexto de una situación determinada” en el ámbito de su competencia. El documento está construido sobre la jurisprudencia sentada por el tribunal y recoge el aprendizaje acumulado por la Fiscalía a lo largo de trece años, así como algunas de sus frustraciones. Pero también intenta responder a algunas de las críticas más acerbas. Por ejemplo, las críticas de quienes consideran que se ha hecho demasiado énfasis en los delitos de sangre y en los crímenes más violentos, y en la persecución de dictadores y criminales de guerra, dejando de lado otras conductas que, aunque no tan letales, generan un profundo y a veces catastrófico impacto social.
De ahí que sin aspaviento, pero también sin ambigüedades, el documento señale que la Fiscalía dará prioridad, de ahora en adelante, a los crímenes que provoquen “destrucción ambiental”, la “explotación ilegal de recursos naturales” y el “despojamiento de tierras”. En muchos casos se trata de crímenes silenciosos, invisibles, a veces favorecidos e incluso patrocinados por los Estados, y que destruyen el tejido social y lastran las posibilidades de desarrollo.
Ni qué decir tiene que semejante decisión concierne de manera especial a Colombia. Diversos grupos armados organizados, incluyendo las Farc, son responsables de diversas formas de “escocido” y han participado en la minería ilegal y el ecográfico; y el despojo ha sido una herramienta sistemática de control territorial y terror social. Algo a lo que no podrá ser ajena, en modo alguno, la Jurisdicción Especial para la Paz pactada en La Habana.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales
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