Unos 30 billones de pesos se roban cada año en Colombia por cuenta de cuatro grietas: evasión de impuestos, paraísos fiscales, contrabando y sobrecostos en obras civiles.
Habría que sumarle otros cuantos billones de pesos al saqueo de la salud pública y los sobornos en contratos.
Es el global de un depredador criollo de dos patas llamado corrupción.
Equivale a tres años de impuestos, a la ejecución de la doble calzada Bogotá-Buenaventura, y a vivienda nueva para más de 10 millones de colombianos en la extrema pobreza, marginación y desempleo.
En el desfalco y desvío de dineros de comedores comunitarios, nómina paralela, asesores de papel, pagos, giros y contratos fantasma, desvío de fondos destinados a inversión en la infancia, se van no menos de 2 billones cada año.
La alcantarilla no tiene piso. Es un paseo real por nuestra folclórica sociedad decorada con artimañas.
Una millonada también se mueve a través de tramitadores, intermediarios y demandas contra el Ejecutivo.
Suficiente para pagar plan de competitividad que requiere el país para hacer presencia en grandes ligas del comercio global.
Es lo que vale reconversión del aparato productivo colombiano, reconversión de la industria.
Es el dinero que requerimos para ejecutar los proyectos viales más ambiciosos del país y salir del atraso en comunicaciones y movilidad. El robado y parado Túnel de la Línea que ya nos sacó del bolsillo $700 mil millones.
Lo que han recuperado los órganos de control no alcanza para cubrir el costo de la infraestructura vial y aeroportuaria.
Unos 10 billones de pesos valen a la nación mejorar obsoletos aeropuertos, puertos de embarque, zonas francas y centenarias carreteras. Vías terciarias desfinanciadas.
Cifra similar demanda el Gobierno para llevarle agua potable a varias regiones, escuelas, puestos de salud, recreación y deporte.
Inversiones en el sector rural colombiano en distritos de riego, cuencas hídricas, conservación de fauna, flora, ríos, quebradas y lagunas, requieren alrededor de 2 billones en su etapa inicial.
Protección de etnias, tribus indígenas y poblaciones ribereñas del Magdalena, urgen acción del Estado.
Caminos vecinales, promoción del cooperativismo agropecuario, médicos y maestros rurales, redes de comercialización y transporte de productos agrícolas, necesitan la mano del Gobierno.
Montaje de factorías regionales de economía mixta, corresponsales no bancarios en corregimientos, acceso a servicios públicos y censo de población rural para conocer la tenencia de la tierra, necesitan asistencia financiera que no llega porque el dinero se lo están robando.
Centros para la tercera edad, jardines infantiles y hogares para menores con madres cabeza de hogar, desplazadas o viudas por acción de la guerrilla, deberían ser prioridad en agenda nacional.
Seguro al desempleado que dignifique, acompañamiento en la consecución de trabajo estable, sin quedarse en asistencialismo social y reactivando emprendimiento y Mipymes, mejorarían entorno de pueblos perdidos en pobreza, mendicidad y delincuencia.
Las grietas de la rampante corrupción hay que taparlas con medidas severas y un cambio en nuestra manera de ser y de actuar.
Contaminado el ambiente de aire corrupto que huele a altas esferas públicas y privadas.
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