El profesor e historiador Antonio Cacua Prada, al referirse a don Antonio Nariño, lo señala como “El colombiano de todos los tiempos”, una biografía que resume con inteligencia los episodios de este precursor de la independencia. Es decir, del movimiento político por él liderado, en virtud del cual pretendía no solamente reclamar el respeto a los derechos del hombre, sino el imperio de la soberanía de su “patria”, de la tierra que lo vio nacer. Conducta que dio lugar a que lo extraditaran por orden de los jueces del Imperio.
Su biografía es una reseña de la persecución judicial de que, se alega, lo hicieron victima sus enemigos, adversarios políticos, entre ellos Joaquín de Mosquera y Figueroa, que para aislarlo del escenario lo llevaron para Cádiz, evitando así la polarización de la sociedad que presenciaba el debate originado en la clandestina subversión contra la monarquía española.
Los jueces locales han sido una tradición desde aquellos años, 1794, han eludido sus compromisos de autoridad acudiendo a decisiones amañadas a través de las cuales ceden su poder a autoridades extranjeras y así se lavan las manos.
La guerra desatada por los narcotraficantes, en la década de los 80, para combatir el acuerdo de extradición, resumida en la frase: “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en los EE.UU” motivó la tragedia del Palacio de Justicia, obra del M-19. Hay estados que no admiten la extradición de sus nacionales. En Colombia esta maniobra se hace para eludir la responsabilidad de juzgar a gentes que es mejor que se la lleven del territorio para no correr riesgos de venganza. Asesinato de Carlos Mauro Hoyos.
Cuando se juzgaba a Gilberto Rodríguez Orejuela y a otros por la misma imputación, la extradición fue salvavidas para la jurisdicción, no obstante el esfuerzo que la Procuraduría en esa época hizo para obligar al Estado a cumplir con su deber, luego de que se había disputado con los gringos en España el traslado de Orejuela y Ochoa.
Acerca de este tema, el colega Jaime Alberto Arrubla Paucar, en su columna del jueves pasado, duda de la competencia del juez estadounidense para juzgar al exguerrillero, respecto de un delito que si se cometió fue en territorio colombiano. Entonces, el envío a la tierra del imperio semeja la misma política que se aplicó cuando se llevaron a Nariño para Cádiz. Era el ejercicio del poder imperial en la tierra de la colonia.
Una de las trampas que se aplican en el ejercicio del poder judicial es la utilización de un lenguaje incomprensible para el grueso público, ardid del cual se valen los “juristas” para demostrar que lo blanco es negro y viceversa, valiéndose de una legislación enredada y enredada precisamente para que la interpretación arbitraria sea la regla general. Y esa es la circunstancia que ahora se advierte en el conflicto de este episodio del posconflicto: la oscuridad.
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