Con independencia de la orientación política que prevalezca en la búsqueda de la paz -que, pese a las propuestas oficiales de diálogo y cese de hostilidades, parece cada día más lejana-, lo cierto es que la sociedad colombiana, en todos sus sectores, debe hacer un alto en el camino, para meditar y dialogar sobre su futuro, cada vez más incierto.
No queremos ser pesimistas, pero la realidad que enfrentamos no nos deja -como quisiéramos- conservar el optimismo y el buen ánimo. Entonces, preferimos ser realistas, y reconocer que objetivos tan nobles y ansiados como la paz, la sana convivencia, el respeto a los derechos, la justicia y la igualdad, no se logran en medio de una colectividad que parece haber perdido los valores y los principios básicos que hacen posible la convivencia.
Corrupción, asalto constante a la fe pública, feminicidios, infanticidios, agresión sexual, intolerancia que culmina en homicidios, violencia en todas sus formas, por motivos baladíes, incrementada inexplicablemente en fechas tan especiales como la señalada en honor a las madres. Violencia, heridos y fallecidos, hasta en los estadios, por causa de supuestos hinchas, que se comportan como delincuentes.
A todo ello se añade una alarmante impunidad: es frecuente que agresores, inclusive con antecedentes y en reincidencia, queden libres, vayan a casa por cárcel.
Ahora bien, seguimos en guerra, y continúa la actividad de movimientos alzados en armas, guerrillas y paramilitares, desafiando al país y frustrando los buenos propósitos y llamados del actual gobierno. Lo que se ha visto a lo largo de los últimos años no ha sido nada distinto del más absoluto desprecio por la vida humana y por los derechos de las personas y de las comunidades, muchas de las cuales se encuentran inermes, sometidas a las organizaciones terroristas y narcotraficantes. Siguen los crímenes cometidos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, firmantes de acuerdos de paz. Ataques a la población civil, bloqueos, secuestros, extorsiones, amenazas y desaparecidos. La actividad de sicarios, en distintas ciudades del país, no solo es permanente, sino que se ha incrementado. Y lo mismo ocurre con la delincuencia común, que sigue actuando, casi siempre cobijada por la impunidad.
El hecho más reciente: cuatro menores de edad, miembros de una comunidad indígena, reclutados contra su voluntad, fueron asesinados por la organización terrorista disidente de las Farc. Es decir, pena de muerte por no acceder al reclutamiento forzado. Un crimen muy grave contra la humanidad, que demuestra la inexistente voluntad de paz. Con toda razón, el presidente de la República decidió suspender el decreto del cese al fuego con ese grupo terrorista.
Más allá de lo inmediato, la sociedad debe examinar con cuidado lo que ocurre. En el trasfondo está una extendida involución en materia de valores y postulados propios de la ética, la moral y el Derecho. Buena parte de quienes integran las nuevas generaciones -¿deficiencias en la educación?- han crecido y siguen creciendo alejados de conceptos tales como el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, la sinceridad, la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo.
Gobierno, partidos, familias, educadores, medios, religiones, jueces, instituciones…Todos, debemos reflexionar.
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