Estos últimos días nos han traído una seria de situaciones un poco alarmantes, venidas de diferentes estadios, que sin dudas pueden generar fisuras y fracturas en las disimiles estructuras tanto del gobierno, como la justicia y la nación. No conseguimos abordar ninguna de ellas ante infinidad de motivos conocidos y debatidos por nuestros respetados amigos, pero si queremos hacer presencia en un tema que puede llevarnos a una problemática bien controvertida y de difícil argumentación. Se trata de la presencia y manejo de los diferentes grupos, que no sabemos quién bautizó con el nombre de guardias y que han hecho presencia en el devenir ciudadano, alcanzando curiosamente una aceptación, sin mayores protestas de la civilidad y las administraciones. Veamos.
Sin imaginárnoslo aparecieron en el panorama nacional unos grupos de personas invocando una autoridad extraña y algo amañada, para actuar en representación de las autoridades legítimas en defensa del orden y la integridad de comunidades y habitantes de regiones determinadas, generando con su sola presencia intimidación y zozobra en agrupaciones sociales ajenas a la procedencia de estas organizaciones. Hablamos de las guardias indígenas y campesinas que, como es de público conocimiento, han actuado en diferentes regiones, incluyendo la capital de la República, con un talante provocativo, aire de superioridad y supuesta humildad, para el cumplimento de una misión poco o nada colectivizada en la sociedad, ni comunidades objeto de su presión.
Estas guardias, por su denominación, muestran diferente origen y tratan de representar una fuerza del orden con una autoridad discutible y poco o nada legal, pues solo en el caso de las guardias indígenas tienen reconocimiento, autoridad y vigencia en su resguardo, sin que este reconocimiento abarque regiones de diferente origen administrativo.
No queremos profundizar en estos aspectos, bástenos con hacer un llamado al gobierno, buscando un pronunciamiento que reglamente esta situación, aclarando el reconocimiento de estas organizaciones campesinas, si es del caso, y en cuanto a los indígenas establecer los protocolos necesarios que encuadren sus actuaciones y jurisdicción territorial, acorde a su raigambre.
La fuerza pública, compuesta por las fuerzas militares y la policía, cuenta con una capacitación extensa y consolidada que abarca una serie de temas y protocolos muy específicos, buscando formación profesional y sólida para el buen cumplimiento de la misión, y aun así, con este programa, se presentan graves incidentes que ponen en tela de juicio las instituciones, con su instrucción y entrenamiento, pero cuentan estos organismos, con una estructura disciplinaria para encausar estos momentos de intolerancia y error. Por lo tanto, es sumamente arriesgado dar poder o autoridad a grupos sin capacitación ni estrategias de comportamiento, mucho menos vocación ni formación, poner en manos inexpertas el manejo del orden público. Ello nos puede conducir al caos, la anarquía y el delito.
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios