El país ha vuelto a convulsionarse políticamente por cuenta de palabras deshilvanadas, reclamos incoherentes, filtraciones, publicaciones, trinos, especulaciones, dudas y preocupaciones políticas. No es el caso de tomar partido en uno u otro sentido, justamente porque todo ha sido mediático, y, en consecuencia, no hay decisiones institucionales. Ha faltado información fidedigna y completa, pruebas y seriedad, todo lo cual ha conducido a la oscuridad existente, que está causando daño a la sociedad y a la estabilidad política.
Sería irresponsable opinar sin tener ninguna certeza sobre los hechos, aunque resulta necesario reconocer que el momento es muy difícil, tanto para el gobierno como para el país.
Es necesario, entonces, expresar que el sistema jurídico ha sido puesto a prueba y debe responder. En un Estado de Derecho deben tener lugar los procedimientos y actuaciones que correspondan para que no haya impunidad, para que prevalezca el interés general, para que impere la legalidad, y también para que sean respetados los derechos de quienes han sido mencionados o involucrados en el escándalo, que tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. No son las redes, ni somos los medios de comunicación los llamados a condenar ni a absolver a nadie. Es urgente que operen las instituciones, pero sin demora. Todo debe ser investigado, juzgado y decidido, con celeridad y a fondo. El país tiene derecho a conocer lo ocurrido y quienes hayan delinquido deben responder.
Un ideal de nuestra organización republicana que queremos ver realizado: recuperar, en toda su plenitud, la sindéresis, el equilibrio, el respeto, el ejercicio decente y honesto de la política, la imparcialidad de los medios, el control político leal, la imparcial y oportuna administración de justicia, la integración de todos los sectores, no para favorecer, ni tampoco para perjudicar a un gobierno, sino para preservar la institucionalidad y los valores democráticos, el respeto al Derecho y la aplicación de los instrumentos jurídicos, por encima de las rencillas y ambiciones personales.
Se reitera: en Colombia debemos recobrar los valores y principios institucionales, que, en esta y en otras crisis, han brillado por su ausencia. Ante todo, la convicción democrática y la consideración del sentido que tiene la política, que debe estar al servicio del pueblo -titular de la soberanía-, y no al de los mezquinos intereses de grupos o personas.
Tenemos que volver a los postulados democráticos sobre la dignidad humana y los derechos, tanto los fundamentales como los políticos, colectivos, sociales y económicos. La igualdad -tan atropellada desde hace años-, sin discriminaciones de raza, origen o nivel económico o social. La paz, que anhelamos los colombianos desde hace años y no hemos alcanzado, pero que debemos lograr sin sacrificar en sitio alguno la autoridad estatal, la seguridad ciudadana, el pleno vigor de las leyes, ni la vigencia del orden público. El Estado Social de Derecho. El trabajo y sus garantías. La democracia participativa, en los términos de la Constitución y de las normas legales. Los principios tutelares de la moralidad pública. La educación para todos. La importancia de la familia -sin la invasión del Estado-, la protección prevalente a los menores, el respeto a la mujer.
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