Sorprende que los comerciantes, los empresarios, los sindicatos ni la ciudadanía en general se manifestaran ante la intervención del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las asambleas populares; solo algunas columnas de opinión y dos personas de mi entera admiración y respeto, en sus escritos se han referido a tema tan sensible y preocupante. Se trata de la Dra. Viviane Morales y el Dr. Pedro Medellín quienes hicieron referencia al discurso callejero en la ciudad de Bogotá sobre este asunto, neurálgico por demás.
Un poco temerario sobre su proyecto el Sr Presidente, dando por sentado que estas organizaciones en muy corto tiempo estarán funcionando a todo vapor en el territorio patrio. Plausible el optimismo de nuestro primer mandatario, seguramente se apoya en otros modelos de grupos que funcionan en países amigos con diferentes denominaciones, pero impulsados por objetivos compartidos y concurrentes, con sus admiraciones, esquema que el Dr. Petro piensa dinamizar en nuestra sociedad, pero este tipo de entes tiene elementos de formación y socialización algo peculiares, muy necesitados de persuasión y compromiso por parte de sus componentes, que fácilmente pueden perder su norte si no cuentan con un reglamento o estatuto que oriente sus fines y objetivos, fijando responsabilidades y alcance en decisiones, arbitrajes, planes o estrategias. Ya los analistas nombrados en un principio han evaluado los diferentes modelos y sus funestos resultados, de manera que no podemos esperar nada diferente en nuestro caso.
Es necesario hacer una evaluación del modelo colombiano, teniendo en cuenta la idiosincrasia del pueblo y la gran cantidad de miramientos que podrían hacer poco o nada viable el programa de asambleas populares, entre ellos el ambiente político, propio de nuestro medio, con su historia de violencia y enfrentamientos entre diferentes sectores partidistas, de políticas distintas y especialmente en el rural.
Entendamos que el modelo propuesto u ordenado, tácitamente está desconociendo los concejos municipales y asambleas departamentales, situación que enfrentaría el andamiaje democrático contemplado en nuestra Constitución con un nuevo mecanismo de administración, donde los concurrentes invocaran un derecho a participar, sin tener representación ciudadana.
Asombra que las autoridades municipales y departamentales guarden silencio ante la orden presidencial, considerando que son ellos los directamente afectados con la aparición y presencia, en sus jurisdicciones, de grupos que reclamen un derecho a reunión, deliberación y decisión. Me atrevo a pensar que los alcaldes y gobernadores esperan más claridad del primer mandatario, quien fijara las normas protocolarias de convocación y funcionamiento por intermedio de sus ministros, como lo manifestó, si no estoy equivocado, en su intervención del 7 de junio en la ciudad de Bogotá.
Preocupante el mandato y más preocupante todavía los mecanismos desconocidos que se utilizaran para dar vida a estos grupos, sus alcances y fin último.
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