Cupos indicativos y corrupción

En 1968, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo, al parecer, con la mejor de las intenciones para comprometer a los legisladores colombianos con el desarrollo nacional, se crearon los famosos auxilios parlamentarios, figura que llevó a los congresistas a entrar de lleno en la corrupción, al manejar directamente parte del presupuesto.

Los auxilios parlamentarios en sí mismos no eran malos, las intrigas políticas y la corrupción los envilecieron. Tampoco puede decirse que todos los legisladores los utilizaran mal, más los que los hicieron mal uso de ellos desacreditaron el sistema y contribuyeron a repotenciar la corrupción.

La Carta de 1991 abolió los auxilios parlamentarios, en los cuales el parlamentario inflaba la partida a su acomodo con miras a lucrarse con los dineros del Estado. Los escándalos fueron numerosos y en diversas oportunidades los gobiernos cedieron al capricho de los caciques políticos para concederlos los auxilios que engordaban sus alforjas, con tal que en un cruce de influencias aprobaran las partidas del presupuesto oficial. Por lo que al abolir los auxilios parlamentarios se consiguió, en ese momento, el aplauso de la mayoría de los medios de comunicación y de la opinión pública, al atreverse a poner coto a los congresistas que deslizaban su garra sobre el presupuesto a través de los auxilios y la contratación pública.

Desde que entró en vigencia la Carta de 1991, numerosos críticos han denunciado los “cupos indicativos” creados en dicha ocasión como una positiva iniciativa, en la práctica, por la perversión del sistema, ha sido nefasta.

Con los cupos indicativos el parlamentario procura moverse en un entramado que va orientando según sus intereses, para que los fondos vayan al alcalde amigo, el cual, a su vez, maneja al funcionario que se entiende con el contratista, que suele ser su cómplice, no siempre, necesariamente, del mismo grupo político. Entre el parlamentario y el alcalde, con el que suele tener nexos electorales y de negocios, definen quien será el contratista.

La cadena de negocios se solidifica en medio de la campaña electoral en la que el candidato al Senado entra en pactos con el futuro gobernador y algunos alcaldes, que gastan miles de millones para conseguir los votos para esos cargos. Eso ha contribuido a encarecer la política y ensuciarla. Así no todos los políticos estén comprometidos en los multimillonarios negociados con los “cupos Indicativos”.

El legislador define a qué alcalde le corresponde ejecutar la obra; suele postular al contratista o el interventor de la partida acordada. Lo que parecía positivo, hasta que se formó el contubernio entre el legislador, los alcaldes y contratistas, con la novedad que ahora se mueven por esa vía billones de pesos. Amparados en la Ley de Presupuesto.  

El exministro Juan Camilo Restrepo, hizo una contundente denuncia sobre esos turbios y billonarios negociados en este diario: ¨Esto es tan cierto que existe un verdadero “mercado secundario de cupos indicativos” en el Congreso, en virtud del cual el parlamentario que, por cualquier razón, no puede o no quiere orientar un determinado cupo indicativo de los que el Gobierno le ha asignado lo puede ceder a otro para que sea el segundo (como quien adquiere una acción en el mercado secundario en una bolsa de valores) quien lo direccione y usufructúe políticamente”.

Así que a la perversión del uso delincuencial de los cupos indicativos, le debemos agregar ahora que se dan cruces entre sanadores de un partido con otro diferente, los cuales se reparten la tarea de mover los dineros a conveniencia. Esto degrada aún más la política. Por esa vía la corrupción crece y las obras empeoran en materia de calidad, con lo que las regiones y los ciudadanos de toda laya pierden. Me dicen que por la billonaria cuantía de los fondos que se mueven, cuentan con empresas que limpian en materia contable los desfalcos y se especializan en borrar la huella de los delitos.

Lo anterior quiere decir qué por la perversión de tener un senador nacional, se degenera en desfalcos billonarios, puesto que, por lo general, llegan al Congreso por esa vía de la corrupción. Como gastan millones en comprar votos y ser elegidos, deben devolver multiplicados esos dineros. Por supuesto, no todo el Congreso está manchado por la compra de votos, ni a todos les prueban los delitos. Por fortuna, algunos senadores no requieren de compra de votos para ganar el favor popular. Más es preciso abolir la figura del senador nacional y democratizar el sistema, para que todos los departamentos tengan su parlamentario.