Hablando desde Buenaventura, el presidente de la República se refirió al programa gubernamental denominado “Jóvenes en paz”, mediante el cual se entregarán recursos para ayudar a jóvenes y a familias vulnerables.
Al explicar sus alcances, manifestó: “Serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar; les vamos a dar una ayuda para que entren al SENA, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la Universidad".
Nos parece un mal mensaje. Acompañamos al presidente y a su gobierno en todo aquello que signifique reivindicación de derechos, superación de la desigualdad, mayor justicia social, impulso a la educación, apoyo a la juventud, lucha contra la delincuencia, búsqueda de la paz. Pero no dentro de un criterio como el que se desprende del aludido discurso, que no es edificante y que, a nuestro juicio, en vez de contribuir a la convivencia pacífica, conduce a lo contrario.
Está muy bien -esa y otras regiones del país lo necesitan con urgencia- procurar que todos los niños y jóvenes tengan oportunidad real de educarse; que gocen de condiciones propicias para acceder a las escuelas, los colegios y las universidades; que, con programas bien pensados y ejecutados, se eliminen las existentes barreras que hoy marginan y discriminan a gran parte de nuestra población. Es lo propio del Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución lo dice claramente: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y “protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” (Artículo 13).
Sobre la educación manifiesta el artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.
Pero eso es muy diferente de pagarles a los jóvenes “por no matar”, “por no delinquir”, o “por no participar en la violencia”. Ello significaría que, desde el Estado -cuya función es la contraria-, se los autoriza para matar, delinquir o ejecutar actos de violencia, si no se les paga, si los pagos cesan o si son insuficientes.
Toda persona, en un sistema jurídico que obliga a todos, tiene que cumplir la ley, abstenerse de delinquir, respetar la vida y los derechos de los demás. Sin necesidad de pago alguno. Por eso, tampoco podemos aceptar que organizaciones criminales que han entrado en diálogo con el Ejecutivo y en cese al fuego -en busca de la paz total- continúen secuestrando, extorsionando o amenazando a la comunidad, dicen que “para financiarse y sostenerse”. Eso es inaceptable. Si tienen verdadera voluntad de paz y quieren dialogar, y si se comprometen en el cese al fuego, deben dejar de delinquir. En caso de seguir delinquiendo, las autoridades deben seguirlos combatiendo, la fuerza pública debe doblegarlos, y la administración de justicia sancionarlos.
El Estado no puede transigir con la delincuencia.
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