En el contexto de los diálogos de La Habana y bajo el estandarte de la paz, uno de los últimos ataques del Gobierno Santos a la nación se consumó en el Congreso de la República al aprobarse en octavo debate el acto legislativo para la paz; acto legislativo que pretende no sólo convertir en constituyentes a los negociadores de La Habana, sino que al mismo tiempo procura devastar la Constitución Política, desnaturalizándola de forma grosera, convirtiendo a aquellos que se oponen a esta aberración, en tradicionalistas nostálgicos enemigos de la paz.
El acto legislativo para la paz no sólo destruye el proceso legal para modificar la constitución al reducir el número de debates que deben tener los actos legislativos para ser aprobados pasando de ocho a tres, generando así que la Constitución se modifique con la misma “facilidad” con la que se modifica una ley ordinaria, sino que al mismo tiempo el proyecto pretende que el Congreso de la República se transforme en una suerte de notario monosilábico, en tanto que, sólo podrá decir, si o no a las iniciativas que el Gobierno le presente para su aprobación, sin que el legislativo tenga la más mínima posibilidad de proponer o modificar los textos que se presenten para su aprobación. En otras palabras, lo que busca el Acto legislativo, es que los 14.310.367 colombianos que eligieron a los 268 congresistas que hoy los representan, sean silenciados una vez más, y deban someterse a la “sapiencia infalible” del Gobierno y las Farc.
No bastando con lo anterior, y en nombre de la paz, se quiere elevar a nivel de Acuerdo Especial no sólo lo convenido, sino también lo que está por acordarse en la mesa de negociaciones de La Habana, esto quiere decir, que el papel que aún se está redactado en Cuba, al tratarse de un Acuerdo Especial, hará parte integral de la Constitución Política de Colombia a través de la figura del bloque de constitucionalidad, lo que supone no sólo la entrega de un cheque en blanco a las Farc con el beneplácito del Gobierno nacional, sino la concesión de facultades constituyentes a terceros que no fueron elegidos por el pueblo colombiano para ese propósito.
Sin embargo, a estas alturas del debate pareciera que quienes nos oponemos a estas imposiciones arbitrarias e ilegítimas del Gobierno y las Farc, buscando defender la Constitución, fungimos como defensores de lo que ya no existe, en contra de aquellos que no solo defienden y proclaman con fervor sus ideas, sino que las defienden como si fueran las únicas dignas que hay, mientras otros se hacen los de la vista gorda haciendo como el avestruz, enterrando la cabeza, no queriendo ver los problemas cuando el país puede empezar a salirse de su cauce.
@SHOYOS
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