Con el Eln hasta la fecha ha habido muchos diálogos y muy poca negociación específica que conduzca a terminar el conflicto político-violento, salvo por el acuerdo de cese bilateral, temporal y nacional del fuego por 180 días que inicia este jueves. Esto, unido a los anuncios respecto a los rezagos de las Farc, valida la afirmación del Presidente de la República en su discurso de instalación de la segunda legislatura: “La guerra entre el Estado y la insurgencia está terminando” (no que ha terminado) y que la violencia en distintos territorios tiene en la codicia el motor para buscar controlar las economías ilícitas encabezadas por el narcotráfico y la minería ilegal.
La realidad es que la afirmación presidencial es un acertado diagnóstico si se tiene en mente que, gracias a las capacidades operacionales que ha tenido y mantiene la Fuerza Pública, ni el Eln y mucho menos los rezagos de las Farc pueden aspirar al poder político mediante el uso de la violencia.
Pero lo dicho no implica que esas estructuras, especialmente el Eln, hayan desistido de sus propósitos de lograr la mayor proporción posible de poder e influencia social. Aún más, para entender mejor hacia dónde quiere ir el Eln, veamos algunas recientes declaraciones de Antonio García al periódico “Desde abajo”.
Al preguntársele por qué no negociar pronto para así facilitar la gobernabilidad del presidente Petro, respondió: “Si la paz sólo se tratara de la desmovilización de una organización alzada en armas, el tiempo no sería el problema, cualquier tiempo sería bueno, es lo que ha acontecido en el país. Se han dado varias desmovilizaciones y en esencia el país no ha cambiado… Para la muestra un botón, a Petro y Francia Márquez, la dirigencia social les entregó, un día antes de asumir el gobierno, los acuerdos incumplidos en las jornadas de lucha del 2021; pero luego de 10 meses todo sigue igual… Siendo candidato Gustavo Petro llamó a dejar la movilización para que fuera el Congreso quien definiera soluciones, pero hasta hoy, siendo presidente, las soluciones no llegan”.
Ahora bien, buscando satisfacer la vieja aspiración del Eln de lograr que sea la sociedad civil un factor decisivo en las negociaciones, el jueves también se iniciará el cumplimiento del primer acuerdo instalando el “Comité Nacional de Participación” (CNP) cuyo objetivo es establecer las condiciones para desarrollar los primeros puntos de la agenda: “Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz, Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz”. Así pues, en las consultas con la sociedad civil, que irán hasta mayo de 2025, solo se abordarán los puntos 1,2 y 3 de la agenda, dejando pendientes los puntos relacionados con la dejación de armas y la desmovilización (4 y 5) que, se espera, deberán incluir el reconocimiento de las víctimas y la cuestión penal.
Aparte de los tintes utópicos que tiene el asunto, el problema está en la cantidad y calidad de dicha participación. Lo cierto es que pareciera que para el Eln no tuvo ningún significado o importancia el que, por primera vez en la historia, el Plan de Desarrollo- ya aprobado en el Congreso- se elaborara con participación directa de muchos miembros y organizaciones de la sociedad civil de los distintos territorios. Es más, no está claro si las recomendaciones del CNP tendrán carácter vinculante o si solo serán insumos para la mesa. O ¿se estará pensando en que sean la base para proponer un acuerdo nacional?
El presidente dijo en reciente entrevista a María Jimena Duzán: “Yo soy optimista de que el Eln dé unos pasos hacia adelante y se inscriba en un proceso de transformación”. ¿Qué hará el Eln para que la mayoría de la sociedad colombiana tenga el mismo optimismo?
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