El presidente Santos pidió al Consejo Nacional Electoral expedir normas que controlen la publicación de encuestas. Uno de sus magistrados, Armando Novoa, respondió de inmediato este viernes y dijo que es imperativo proceder en tal sentido. De darse el estropicio contra la democracia, Colombia estaría ingresando en el ámbito de violaciones graves a la opinión que distinguen a algunos países africanos y asiáticos.
Tres instituciones de alto alcance, European Society for Opinion and Marketing Research (Países Bajos), World Association for Public Opinion /UNL Gallup Research Center (EE.UU.) y Société Européenne de l´Information (Bélgica) han dejado en claro durante la última década que las discrepancias en los resultados de encuestas electorales no impactan significativamente las decisiones últimas de los votantes.
Los efectos son finalmente mínimos y sus resultados completamente inofensivos subraya un informe (2014) de la primera de estas instituciones. Por sus dimensiones necesariamente limitadas, basadas en teoría de probabilidad -que no debe haber olvidado el presidente Santos de sus estudios de pregrado en administración de empresas- se dan dispersiones fuertes en universos de muy escasa homogeneidad, que es el caso colombiano.
Los resultados de las encuestas, además, tienden a ser sobre-enfatizados por los participantes directos en el mercado político. Una investigación conjunta de las tres instituciones mencionadas brinda evidencia abundante, en el caso alemán, de este hecho.
El significado de encuestas políticas para el ciudadano promedio es muy diferente del otorgado por políticos profesionales y su entorno. El ciudadano promedio cambia de opinión más rápida y frecuentemente que los agentes del mundo político-electoral. Noticias, hechos, circunstancias cotidianas pueden imprimir -como lo dejan ver numerosos estudios- cambios rotundos -en un solo día- en el denominado “modo del votante”. Que es más emotivo y volátil de lo que puede pensar el presidente Santos, cuyo entorno de asesores y yes men gravita dentro de rangos cuantitativos más estables.
Para el ciudadano común estos porcentajes no tienen importancia -me baso al escribirlo en estudios puntuales- porque no se vinculan en forma directa su futuro personal. Las encuestas parecen no afectar, por encima de factores más definitivos, el voto racional que se diferencia del netamente emotivo. Pero ambos, sin embargo, se vinculan -como lo muestran análisis recientes realizados en las democracias emergentes de África- a factores de naturaleza personal y económica.
Aclaremos: es la figura de lo que en inglés se llama incumbent o nombre que se vincula a una elección como líder, así no sea candidato, y la situación económica actual del votante, cuanto determina el sentido del voto.
Está demostrado también en modelos lógico-matemáticos de conducta de votantes por el experto G. Kirchgassner, en trabajos sucesivos desde 1986, que la publicación sucesiva de datos de opinión votante tiende al equilibrio final. Equilibrio que se define como la situación donde ningún votante hubiese votado de manera distinta a como finalmente lo hizo.
Y los expertos llegan a una conclusión firme: el control o prohibición de encuestas electorales crea privilegios para partidos en el poder u otros grupos con influjo mayor en el espectro político.
A excepción de prohibiciones relativas a encuestas previas a los días inmediatamente anteriores a la elección, estos controles no existen en democracias estables o en desarrollo robusto. Un intento por hacerlo en Gran Bretaña naufragó el año pasado en la Cámara de los Lores.
Antes que pensar en controles anti-democráticos, el presidente Santos debe meditar en su propia figura en las encuestas que lo afligen o el bolsillo que aflige a la mayoría de colombianos. Sólo así triunfará su santo plebiscito.
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