Se ha dicho a los cuatro vientos que la paz comienza en el campo, que la presencia del Estado es fundamental en la restauración de las zonas anteriormente de conflicto, que el primero de los puntos de los Acuerdos firmados en La Habana fue el del sector agropecuario y que las leyes de Tierras y Zidres requieren de suficientes recursos.
También que una de las cinco "locomotoras" del Gobierno Santos era la inversión rural y que en el Pipe 2, el programa bandera del sector iba a ser la vivienda campesina, Hubo anuncios recientes sobre asistencia técnica que alimentaron las expectativas e ilusiones de la opinión pública. Sin embargo resulta ahora que además de la escasa ejecución de los programas estarán sujetos a un recorte inexplicable del 41 % en el presupuesto de inversión para el 2017.
Un presupuesto para el sector rural de 1.662 billones de pesos aprobado para el año entrante es minúsculo, cuando era ésta una vigencia para la cual se esperaban las más reveladoras e importantes realizaciones de parte del Ejecutivo.
Contrasta este hecho igualmente, por ser un monto apenas equivalente al presupuesto de diez años atrás.
¿Qué está sucediendo?
Nadie da razón.
Hasta los recursos de la parafiscalidad, que además no forman parte del presupuesto nacional y quienes deben ejecutarlos son sus propios contribuyentes, son irrisorios frente a las grandes necesidades del sector, particularmente del ganadero y se encuentran congelados por determinación del mismo Gobierno, configurándose así un preocupante y desolador panorama para los tiempos por venir.
¿Qué pasa entonces con el control político?
¿Qué dice el Congreso de la república?
¿Qué se comenta en las Comisiones quintas de Senado y Cámara?
"Mutis por el foro".
Estamos frente a la más inaudita paradoja de un proceso de paz soportado en un sector sin recursos y un parlamento silencioso e indiferente.
Salva en parte la situación solamente, que de otro lado se tengan asignaciones específicas en los distintos ministerios con destino a las zonas rurales. Tal es el caso de vivienda, transporte, electrificación, infraestructura, educación, salud, por citar unos ejemplos, que coadyuvarían de manera integral a elevar el nivel de vida de los campesinos y en la dinámica inversionista para un mayor crecimiento del PIB y en la generación de empleo.
Está por definirse también, cuáles y en qué cuantía habrán de ser las anunciadas ayudas internacionales para el posconflicto y cuándo ciertamente podría contarse con ellas para su incorporación al presupuesto de la nación.
Entre tanto, a los productores y a sus gremios, como a quienes creemos en la necesidad de corregir las diferencias entre el campo y la ciudad para asegurar la sana convivencia, sólo nos queda esperar que los recursos lleguen, se apliquen en función de una política sectorial concertada y se distribuyan con ecuanimidad.
Bienvenidas las alianzas público privadas y el fortalecimiento de la asociatividad gremial y empresarial para el logro de una paz duradera
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