La crisis política y social que vive Venezuela y que la ha conducido a un proceso progresivo de desestabilización debe tener una salida que, desde luego, supone a apelar a las vías democráticas. Par tal efecto está pendiente la decisión de convocar el referendo revocatorio en lo que resta del 2016, si hubiera voluntad para hacerlo. Pero el Gobierno se empecina en poner toda clase de obstáculos a la posibilidad de que el referendo se realice este año.
Para presionar su autorización la Mesa de La Unidad Democrática –MUD-, promovió una multitudinaria movilización el pasado 7 de septiembre, que fue desestimada por el Gobierno, para exigir la celebración del revocatorio. Lo propio hizo el chavismo para apoyar a un régimen que se desploma.
La marcha de la oposición hizo parte de lo que sus dirigentes llamaron ‘Toma de caracas’, con el fin de que el Consejo Nacional Electoral señale la fecha para el recaudo del 20 por ciento de las firmas del padrón electoral, que es condición necesaria para activar el mecanismo del revocatorio.
La agitación última que se está viviendo en el hermano país es producto de las trabas que presenta la presidenta del Consejo Electoral para que el referendo no se convoque en el 2016. Entretanto el Gobierno se refiere en forma reiterada a intentos de golpe de Estado por parte de la oposición, lo que, desde luego, es a todas luces absurdo. Los golpes de Estado se dan con las armas y éstas las tienen el Gobierno y unos colectivos sociales que apoyan fuerzas gubernamentales. Curiosa teoría esta para explicar el descontento popular, cuando todo el mundo sabe que los expertos en ese tema son los que fraguaron un golpe contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez.
Venezuela, lamentablemente, está llegando a extremos de ingobernabilidad y desinstitucionalización, como lo demuestra el hecho de que el texto constitucional que ellos mismos redactaron no se está aplicando. La Sala Constitucional del T.S.J anula las decisiones de la Asamblea Nacional y limita sus poderes y facultades. Del mismo modo, el gobierno no le gira el presupuesto a este organismo para que no funcione y, a su vez, el órgano legislativo desconoce la legitimidad del T.S.J.
La verdad es que el gobierno del presidente Maduro en este momento no representa el querer de las mayorías de una población que no tiene posibilidad de proveerse los productos básicos de la canasta familiar por la escasez que se conoce; que registra unos niveles muy altos de inseguridad y una inflación del 700 por ciento. El régimen de Venezuela encarcela a los líderes de las protestas y los dirigentes de la oposición, viola la libertad de prensa y de información y despilfarra la riqueza petrolera buscando aliados en el exterior.
Todo el panorama descrito nos hace pensar que el gobierno de Venezuela cada día se parece más al totalitarismo de Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez, con la diferencia de que los últimos hicieron las grandes obras publicas de su país.
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