El Presidente de la República y el Fiscal General de la Nación han salido apresuradamente a tranquilizar al empresariado colombiano, asegurándole que no hay ni la mínima posibilidad de que tengan que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a dar cuentas.
Similar tranquilidad les garantizan toda esa pléyade de intelectuales y académicos que son asiduos de los programas vespertinos y nocturnos de la radio bogotana.
Lamento ser aguafiestas, pero mucho me temo que desde el señor Presidente en adelante todos están pensando con el deseo. La verdad monda y lironda es que nadie puede garantizar a los empresarios colombianos que no van a comenzar a ser en el proceso de justicia con las Farc, víctimas de las versiones de los desmovilizados, como lo son actualmente muchos en las de Justicia y Paz de los paramilitares. Las versiones son, desde hace rato, una nueva modalidad de extorsión.
El Fiscal General, por ejemplo, lo único que puede garantizar es que desde la Institución a su cargo no se incluirán empresarios o situaciones de éstos en los informes que debe remitir a la JEP, conforme lo dispone el punto 48, literal b, del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Nada más. Puede incluso definir políticas internas de calificación de ciertos hechos en los que se estimen situaciones específicas como coacción, constreñimiento, etcétera. Pero nada puede hacer para impedir que uno de esos genios ideologizados de la Unidad de Derechos Humanos de su Fiscalía decida, por ejemplo, disponer la expedición de copias.
Hay algo peor. El Acuerdo le otorga a las Organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos colombianas la facultad de remitir informes a la JEP y les otorga la misma fuerza que a los enviados por la Fiscalía. Y a todas esas oenegés no las controla nadie. O sí las controla alguien y no precisamente la Fiscalía, ni los empresarios, ni el Estado.
En Colombia esas organizaciones siempre han sido contrarias al Estado, a las FF.AA. y al empresariado. Son los mismos que se inventan víctimas en la masacre de Mapiripán o recorren cárceles ofreciendo beneficios a cambio de que se declare contra determinadas personas o que han gritado hasta perder la voz contra el Esmad o que simplemente han hecho de la Cidh su caja mayor para obtener cuantiosas sentencias indemnizatorias en contra de la República de Colombia.
Esas organizaciones ahora no sólo podrán iniciar actuaciones contra quien quieran. Además designarán a quienes los juzgarán, pues merced a un lobby cuidadoso y extenso que aprovecha los prejuicios de los europeos contra los militares o contra el Estado colombiano, tienen notoria influencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ahora participará en reemplazo del Papa en la elección de los magistrados extranjeros del JEP
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