El Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, sometido a refrendación popular el pasado 2 de Octubre, fue rechazado por el pueblo colombiano tras un sorpresivo triunfo del No en las urnas. El Presidente Santos, ahora Nobel de Paz, recibió un mandato popular para buscar un nuevo acuerdo que se ajuste a las exigencias de los ciudadanos.
El Centro Democrático, principal promotor del No en el plebiscito, ha formulado una serie de propuestas frente a la negociación con las Farc, que, sin pretender representar a todos los sectores que rechazaron los acuerdos, permiten orientar el diálogo hacia un consenso más amplio. No obstante, es el Gobierno quien tiene la facultad y el mandato para llevar a cabo la negociación en unos términos que sean aceptables para los colombianos.
Entre las propuestas que hemos planteado, está la ley de amnistía e indulto para los miembros de las Farc que no sean responsables de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Gran parte de la “guerrillerada” la integran jóvenes, muchos de ellos reclutados cuando niños, que deben tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y recibir un tratamiento benevolente, en la medida en que también son víctimas de la violencia.
En el acuerdo rechazado se planteaba “otorgar amnistía e indulto de la manera más amplia posible”, medida que resulta razonable como incentivo para la desmovilización de las personas alzadas en armas. Nuestra objeción al respecto, radicaba en las penas que se iban a imponer a los máximos responsables de crímenes atroces como: tortura, masacres, genocidio, reclutamiento infantil, siembra de minas anti persona, etc.
Se había pactado que quien confesara oportunamente, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la comisión de crímenes de lesa humanidad, tendría una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años que, en ningún caso, sería en condiciones de reclusión. Es decir, la pena podría ser la retención del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal periódicamente, mientras el condenado realizara acciones de reparación para las víctimas. Se había pactado una inaceptable simulación de justicia que buscaba aparentar el cumplimiento del Estatuto de Roma.
Un nuevo acuerdo debe contemplar reclusión efectiva, entre 5 y 8 años, para los responsables de delitos atroces. Para lograr una salida política, el Estado debe renunciar a la aplicación de sus criterios ordinarios de justicia penal, pero no puede garantizar impunidad, pues constituye un incentivo perverso a la violencia. Debe existir proporcionalidad entre la gravedad del delito cometido y la pena impuesta.
Con la ley de amnistía e indulto y con las otras propuestas hechas por el Centro Democrático, queda clara nuestra intención de contribuir a una salida negociada con las Farc. Ahora que el presidente es Nobel de Paz, no puede seguir amenazando con abandonar la negociación y acabar con el cese bilateral. Pero aún falta un gesto fundamental de paz por parte de la guerrilla, tienen que dejar en libertad a todos los niños reclutados que permanecen en sus filas. Hasta que esto no suceda, nada debería negociarse.
@SHOYOS
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