El triunfo del “No” al plebiscito que aceptaba los acuerdos de La Habana puso en otra mesa de conversaciones en Bogotá, a los posibles lideres políticos que abanderaron la negativa y al Gobierno, con el propósito de buscar los puntos de los acuerdos con las Farc que motivaron el desacuerdo en la población y las posibles salidas para lograr mantener el propósito fundamental de encontrar la paz. Se supone que, una vez recogida toda esta información será llevada por los negociadores del Gobierno a la mesa con el grupo guerrillero para renegociar los mismos en miras a que se produzcan unos nuevos y renovados acuerdos de La Habana (versión dos), que incorporen en la medida de lo posible aquellas desavenencias.
Si se logra llegar a este punto, la pregunta sería ¿Y de allí que se sigue? De pronto este el punto que más dudas presenta en el momento y se presentan una serie de posibilidades que le correspondería al Gobierno entrar a evaluar.
La primera sería prescindir del mecanismo de refrendación, hay voces autorizadas que se inclinan por esta ruta, alegando que el Presidente de la República tiene plenas facultades constitucionales y legales para implementar los acuerdos, sin necesidad de refrendación alguna. Esto es cierto, pero no puede olvidarse que políticamente se comprometió a la refrendación popular y está en juego la palabra empeñada del Jefe de Estado. Pero además surge otro problema, es que el acto legislativo 1 del 2016, que elevó los acuerdos a la categoría de bloque de constitucionalidad para ser tenidos en cuenta como criterio de interpretación de sus implementaciones, supeditó su vigencia a la refrendación y como esta no se dio no entró en vigor y no se logra de esa manera el fin constitucional buscado, que es proteger los acuerdos del futuro político y jurídico eventual e incierto. Todo indica que la guerrilla exige tal seguridad.
Otra vía sería la de tramitar otro acto legislativo, de manera más express que el anterior, que suprima la condición de aprobación del plebiscito para que entre en vigencia; el problema con esta alternativa son los tiempos, pues requiere de ocho debates en dos legislaturas ordinarias que necesariamente nos llevaría como mínimo a marzo del año entrante. No da espera la paz según el Gobierno; la paz es ahora.
También algunos muy osados han sugerido solución por la vía judicial, añorando que sea la Corte Constitucional la que utilizando como vehículo alguna de las demandas que allí cursan, suprima pretorianamente la condición de vigencia del acto legislativo a la refrendación. Las razones jurídicas habría que buscarlas. Esto sería lo más antidemocrático, ganar el referendo en los tribunales. No creo que la Corte se preste para semejante conejo judicial.
Otra alternativa seria otro referendo para los nuevos acuerdos. Se podría hacer en un mes, como el otro. Un alto costo para el debilitado presupuesto colombiano. ¿Y qué tal que no gane el “Sí”?, sería el acabose. ¿Qué certeza tenemos que con los líderes consultados se esté llegando al alma del “No”? El riesgo en evidente.
Bueno, la lista de alternativas no se agota, pero la paciencia sí.
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