No paran las embestidas a la Policía Nacional de los colombianos. Definitivamente su importancia de cara a la lucha contra la delincuencia es representativa y trascendental, pues vemos diferentes sectores de la política vivamente interesados en buscarle ubicación, con el aparente fin de facilitarle su misión y hacerla más efectiva, como si la institución a lo largo de su existencia no hubiera dado muestras de eficacia, firmeza, seriedad y profesionalismo, adquirido con el paso de los años y la experiencia de sortear situaciones adversas, venidas de la hostilidad que generan los delincuentes; enemigos naturales agazapados en diferentes trincheras, ocultas en la misma organización administrativa del país.
No es la primera ni será la última intentona por hacerse al manejo de tan noble organismo, organizado desde sus albores con una filosofía humanitaria donde la vida, el bienestar, seguridad, tranquilidad e integridad de la ciudadanía es su razón y fin último. Nace, pues, la policía enarbolando la defensa de los derechos humanos aun sin conocerse dicha expresión, ni acuñarse en la humanidad la urgencia de observarlos, respetarlos y defenderlos, como lo hace la Policía Nacional de los colombianos, en todo procedimiento donde está presente, para defender y restablecer el orden público.
Basta con escuchar su himno. Los invito a explorar su letra, porque cada estrofa, cada palabra lleva un mensaje de compromiso por la defensa del ser humano. Pretender darle un giro a la Policía Nacional invocando su naturaleza civil, consolidar la seguridad y el ejercicio de los derechos ciudadanos, en un sofisma de distracción, pues nunca a través de los años se ha perdido tal naturaleza, en cambio sí peligra su apoliticidad.
Los honorables parlamentarios que claman su paso al ministerio de Justicia, están demostrando un craso desconocimiento de la historia del país y de la institución misma, anales que van unidos por situaciones vergonzantes de ingrata recordación, que describen el manejo amañado y falseado de una organización, ejercido por gamonales de turno, ajustado a sus intereses partidistas y discrepantes, que enfrentaron la policía con comunidades enteras; episodios que no se pueden repetir y que fueron superados gracias al traslado de la institución del ministerio de Gobierno al ministerio de la Guerra, como cuarta fuerza armada, deslindándola y prescribiéndola de la política partidista y protegiéndola de su voracidad insaciable.
En muchas latitudes este organismo depende del ministro de Gobierno, es cierto, pero son países con una historia política diferente, ajenos a los altibajos generados por el largo enfrentamiento fratricida que nuestra Colombia y sus gentes hemos padecido.
Que un país como el nuestro merece un ministerio de Seguridad con una política criminal clara, efectiva y desarrollable es verdad indiscutible, pero hoy las condiciones no están dadas. Démonos un compás de espera y soñaremos con aquel minseguridad.
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