SAGITARIO

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El Gobierno Nacional ha manifestado la intención de presentar al Congreso proyectos de ley y de reformas. La iniciativa no goza de aceptación general al aproximarse las elecciones presidenciales y los congresistas contemplan movilizaciones regionales; se ha sugerido que tales asuntos se pongan a consideración no de las actuales cámaras legislativas, sino de las próximas. Se prefiere la actitud gubernamental, aunque no haya proceso decisorio, puesto que se contaría con marcos de referencia definidos como punto de partida. Se expresarán conceptos particularizados en estas líneas.

Los gastos en pensiones constituyen proporción alta de los ingresos gubernamentales, la necesidad de reforma siempre se ha reconocido pero no se actúa y tal parece que persistirá la situación descrita. Las megapensiones son una clara injusticia y contribuyen a desfinanciar el sistema; se entiende que la conducta de la Corte Constitucional es estricta y permisiva la del Consejo de Estado. Ha surgido en los debates entre los candidatos presidenciales la propuesta de reducir las altas cortes a una sola con las respectivas ramas especializadas. La idea merece debate y se sugiere que la principal de todas las divisiones sea la Constitucional, lo cual, tal vez, contribuya a la reducción en el “choque de trenes”. Existe consenso en el sentido de ser la politización de las altas cortes uno de sus problemas y nació con la Constitución de 1991. Tal parece que los cambios requieren una Asamblea Constituyente en relación directa con su profundidad. Una dificultad del esquema, en opinión de algunos, parece ser la adopción de rumbos inesperados por decisión propia pero luce la mejor opción.

Respecto al Congreso existen dos sugerencias (no se trata de propuestas formales) consistentes en contar con solo una cámara legislativa y no dos y, además, disminuir la remuneración de los congresistas; se duda del éxito de ambas y, así mismo, de la eliminación de las contralorías regionales, pese a impulsar la iniciativa el mismo Contralor General: la presión e intereses regionales son intensos. Preocupa la oposición de las comunidades a la minería por efectos perjudiciales sobre el desarrollo económico, la inversión extranjera y la balanza de pagos; lo conveniente es introducir un régimen lo más compatible posible con la protección del medio ambiente y, también, reformar el régimen de las consultas comunales.