El acuerdo con el Eln tiene unos alcances que desbordan el carácter limitado que se le presta y avizoran complicidad en objetivos de una negociación aparentemente limitada a la mera obtención de un cese al fuego, pero en verdad destinada a la construcción de un nuevo régimen político. Por ello, lo acordado incluye etapas y procedimientos que permitan lograr metas no explicitas en su texto, pero que constituyen el núcleo y la finalidad verdadera de sus coincidencias políticas.
Quisieron las partes ocultar sus intenciones, procurando contrastar el desbordado optimismo del presidente Petro con la lacónica prudencia de Antonio García. Mientras el primero señaló término para el fin de las hostilidades y el advenimiento de la paz, el jefe eleno insistió en el carácter procedimental de lo acordado. Con ello apaciguaron malestares y prevenciones de la opinión ciudadana y también disiparon las dificultades que la institucionalidad deberá confrontar en el inmediato futuro.
El DIH como referencia de las negociaciones para calmar la galería, no sólo se verá desafiado por las guerras que mantiene el Eln con las demás fuerzas en disputa por las rentas del narcotráfico y que afectan brutalmente los derechos fundamentales de la población, sino también por la consabida reticencia del Eln a su aceptación y respeto. Por ello, no sorprendió que, al término de la celebración, Pablo Beltrán, con hiriente desparpajo, refiriéndose al secuestro y extorsión y al reclutamiento forzado de menores, afirmara que “las operaciones de finanzas del Eln seguirán”, advertencia que ya se concretó en dos secuestros a personas familiares de miembros de la Fuerza Pública, en medio del silencio del gobierno.
Todo ello, como si el secuestro sistemático no fuera un crimen de guerra y constituyera perfidia. Tuvo el general Helder Giraldo que precisar que "las Fuerzas Militares continuarán con el desarrollo de operaciones militares en todo el territorio nacional” y, que ante acciones del Eln, que “vulneren los derechos y libertades de la población civil, las tropas actuarán en cumplimiento de su misión constitucional”. Reacción legitima cuando no se pacta el cese de hostilidades y valiente ante el peligro de ser decapitado.
La mayor peligrosidad de este andamiaje reside en la participación ciudadana y sus objetivos. Se crea un Comité Nacional de Participación encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil “que deben ser acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación”. Compuesto en un 85% por organizaciones afines al gobierno y de izquierda radical, incluyendo a las primeras líneas de Bogotá y Cali, sus resultados serán pieza principal de los Acuerdos con el Eln. No resulta difícil predecir sus contenidos. Coinciden en Asambleas populares con carácter plebiscitario que sustituirán al Congreso, a las Asambleas departamentales y a los Concejos municipales, y diseñarán un régimen constitucional sin separación de poderes, en el que desaparecerán las libertades y los derechos fundamentales propios de la democracia.
Es la concreción del golpe blando respaldado por los beneficiarios de la paz total, bajo la supervisión de la impávida ONU, de nuestra Iglesia “golcondista” y del expresidente Gaviria. Válgame Dios.
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