En el afán de aprovechar lo que se pueda para crear la falsa imagen de que todo va muy bien, el Gobierno ha salido a aplaudir el más reciente comunicado de la fiscal de la Corte Penal Internacional con bombos y platillos, como si fuera una condecoración por lo que ha hecho.
Lo está presentando como un gran respaldo de esa institución al proceso de paz y a los acuerdos. Sin embargo, la verdad es otra.
La alta funcionaria lo que hizo fue decir lo único que podía y debía decir.
En resumen, le recordó al Estado colombiano, con el lenguaje diplomático apropiado, desde luego, las obligaciones que adquirió en su condición de firmante del Estatuto de Roma.
Hizo la reflexión adecuada sobre la contribución a la paz y seguridad internacional que significaría conseguir la paz en el país, cuando ese estado ideal se alcance, por supuesto, que no es en este momento.
Y expresó la satisfacción que le produce leer que los culpables de los más graves delitos no podrán ser beneficiarios de amnistía ni de indulto.
Como es apenas natural, eso es lo que defendemos todos.
Pero, y aquí viene lo fundamental, ¿Qué dijo en materia de sanciones a los principales responsables de los delitos más graves?
Pues recordó que dichos responsables deben rendir cuentas en forma auténtica, que las sanciones que se les apliquen tienen que ser efectivas, y que, para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la comparecencia ante las autoridades debe ser genuina.
Es decir, que tienen que recibir un castigo que sea proporcional a la gravedad de las infracciones penales que hayan cometido y al nivel de responsabilidad que tengan.
Por eso la insistencia en que las acciones se dirijan hacia los principales responsables de los delitos más graves.
De otro lado, además de reiterar su propósito de colaboración insistió en que ella se otorgará dentro del marco del Estatuto de Roma.
Así es como debe leerse el comunicado de la señora fiscal de la CPI.
¿Qué quiere decir, entonces, lo anterior?
Significa que la Corte Penal Internacional actuará de conformidad con las responsabilidades que le confirieron los Estados que la crearon.
Obrará, pues, en su condición de institución penal encargada de combatir la impunidad de los autores de secuestros, masacres, reclutamiento de niños y otros crímenes consagrados en el convenio internacional que le dio vida.
Para que quede aún más claro, la CPI no tiene nada que ver con el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.
De lo que estará vigilante es del impacto que dicho acuerdo tenga sobre los culpables de los crímenes consagrados en el Estatuto de Roma.
Y la decisión de asumir o no la competencia que le dieron los Estados que la crearon, dependerá de si las autoridades colombianas actúan en cumplimiento de las obligaciones que tienen.
Si lo que ocurre es que lo convenido entre el Gobierno y las Farc implica que las sanciones no son proporcionales a la gravedad del delito y el nivel de responsabilidad de los autores, la rendición de cuentas no es auténtica, las penas no son efectivas, y la comparecencia ante las autoridades no es genuina, lo que hará la CPI será asumir el conocimiento de los casos individuales en los que considere necesario intervenir.
En resumen, eso es lo que puede suceder porque la sanción a los responsables de gravísimos delitos será la restricción de la libertad.
Y que nadie se llame a engaños. En ese momento tendrá en cuenta que la pena que se consagra en el Estatuto de Roma para esos crímenes es la cárcel hasta de 30 años, no la restricción de movimiento y los trabajos comunitarios.
Lo que pide la CPI son penas de verdad.
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