El presidente Gustavo Petro conjuga con inusual frecuencia la prudencia exigida al gobernante con la retórica agresiva y discriminatoria cuando procede a comunicar sus visiones y medidas de gobierno. En reuniones con autoridades extranjeras, en conversaciones privadas con opositores, con dirigentes gremiales, o con medios de comunicación nacionales y extranjeros, ha optado por cierta contención que dificulta desentrañar la naturaleza de sus propósitos y la dimensión real de la voluntad política que lo anima.
Por el contrario, con sus mensajes por las redes sociales y especialmente con sus elucubraciones en manifestaciones y eventos públicos, ha dado rienda suelta al torrente verbal con el que notifica su decálogo ideológico y a las políticas que de ese pretendido catecismo serán ejecutadas. A los primeros, conforta o confunde y a los demás entusiasma o aterra, según sea su aproximación al presidente o su inclinación política y preferencia ideológica.
Su emoción oratoria prevalece en medio de las incertidumbres que se multiplican en el país y en un mundo convulsionado por la crisis que acecha, y que no aminorará con el expediente de señalar enemigos internos a los pocos ministros que mantienen cordura, ni menos aún con la manida acusación de imputar a los Estados Unidos de “prácticamente estar arruinando todas las economías del mundo” y endilgarle el oprobio de saquear a la América Latina, como si semejante desatino pudiera permitirle convocarnos a todos a paliar los efectos de las dificultades que nos esperan.
No contento con ello, el presidente ha tomado el atajo de introducir en el proyecto de ley de reforma del orden público tres orangutanes indigeribles. El primero, imbuido de ese afán enfermizo de perdonar a cuanto criminal pueda, sin importar los secuestros, asesinatos, y el vandalismo generalizados, y en aras de una paz total fundada en el perdón al victimario y el olvido de la víctima, faculta al presidente de la república “para otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”. Pretensión contraria a la norma constitucional que dispone que el Congreso no puede conceder indultos por delitos comunes, porque carecen de la motivación altruista que se configura en los delitos políticos.
El segundo, faculta al presidente para designar como promotores de convivencia a quienes ejecutaron esas acciones terroristas, sin mediar siquiera propósito de enmienda. El tercero permite la ejecución inmediata de acuerdos parciales en las negociaciones con todas las organizaciones criminales, sin importar que no se hayan suscrito acuerdos finales. Todo ello sugiere la posible reedición en Colombia de tenebrosos colectivos, como los de Maduro, que dictarán las condiciones de seguridad de los desamparados ciudadanos.
Esas persistentes conductas se reflejaron en la reciente encuesta de Invamer que registra el desplome de la favorabilidad del presidente y la duplicación de su desaprobación, e impactarán al cotarro político. Esas cifras inesperadas para la vanidad del gobernante, pero ajustadas a las realidades de dos meses de gestión, indican la evaporación de la ilusión del cambio, como también el probable descenso al averno de un proyecto fallido de nación.
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